La ley contra el blanqueo de capitales, lista para debatir en el Senado

El proyecto de ley de medidas para evitar el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia organizada quedó ayer dictaminado por la Comisión de Economía del Congreso, que actuaba con competencia legislativa plena. De esta forma pasa al Senado, que previsiblemente podrá discutirla en el plazo de un mes, de forma que la ley entre en vigor antes de que finalice este año.Carmen Romero -esposa del presidente del Gobierno, Felipe González-, como portavoz del Grupo Socialista en la comisión, mantuvo un enfrentamiento dialéctico con Gonzalo Robles, portavoz del Grupo Popular.

Romero aseguró que éste era un proyecto "particular" y recordó al PP la postura que mantuvo durante el debate del mismo texto en la legislatura pasada, en el que defendió posiciones radicalmente contrarias a la formulación técnica del proyecto. Para Romero, aún quedan "huellas" de aquéllas actitudes en el Grupo Popular.

Robles negó la acusación y exihibió un informe jurídico de la Cámara en el que se especifica que fue una proposición no de ley del Grupo Popular la primera iniciativa parlamentaria en este terreno.

Por unanimidad, la Comisión admitió una enmienda del PNV por la que se incluye a las policías autonómicas, junto a las del Estado, como fuerzas policiales con las que habrá de colaborar la Comisión de Prevención del blanqueo de capitales.

No todo el 'dinero negro'

No prosperó una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defendida por Ramón Espasa, que pretendía incluir en el texto a todo tipo de "actividades delictivas relacionadas con el incumplimiento de la normativa fiscal". Carmen Romero aseguró que el Grupo Socialista se esforzará por tomar medidas contra esta lacra. Espasa respondió que le tomaba "la palabra política".

La Comisión aceptó, en cambio, dos enmiendas de IU por las que se endurecen las sanciones previstas en el texto del Gobierno, aunque matizadas por una transacional del PSOE. Las cuantías de algunas multas para infracciones graves se elevan de 15 a 25 millones de pesetas, y de 200 a 250 millones.

También se aprobó, por unanimidad, una enmienda transacional del PSOE sobre una originaria del PNV, por la que se concede al Gobierno un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la ley, para regular reglamentariamente los órganos de control del blanqueo de dinero, dependientes de Hacienda.

La colaboración de los notarios ha quedado establecida en el proyecto dejando a salvo las actuaciones en materia testamentaría y de reconocimiento de hijos.

Carmen Romero destacó la enmienda socialista que establece que el dinero previsto en los Presupuestos Generales para la lucha contra la droga se incrementará con los bienes que se incauten a los narcotraficantes.