El Supremo apaga las esperanzas de paralizar la cárcel de Soto

Las obras de la prisión de Soto del Real no se van a detener porque el Supremo ha decid¡do que pueden seguir. El tribunal ha desestimado la petición presentada formalmente por el Ayuntamiento de Navalafuente -328 habitantes, alcalde del PP y situado junto a Soto que pretendía la paralización de los trabajos en tanto se resuelve definitivamente su recurso contra la ubicación del penal. El Supremo ha dictado un auto -los autos resuelven cuestiones previas a la sentencia- donde da la vuelta al calcetín del argumento que se le exponía.El Ayuntamiento, que políticamente alega motivos ecológicos, entendía que es necesario paralizar las obras por "las especiales circunstancias del caso y el cúmulo de infracciones jurídicas" cometidas en la ejecución del penal y que, a su entender, serán apreciadas así en la sentencia que se dicte al respecto en su día. Mientras esa decisión se produce, continuar las obras perjudicaría al "Estado democrático de derecho". Pero el tribunal considera el argumento desde otro punto de vista: si, por el contrario, la sentencia definitiva fuera favorable al Ministerio de Justicia organismo que construye la cárcel y se paralizase ahora la obra, ello causaría un daño a la Administración penitenciaria. Y añade que para discernir la legalidad o no de la construcción es para lo que se presentó el recurso, que se verá en su momento. "Todo acto administrativo goza de la presunción de legalidad", "no puede, por tanto, la alegación de la ¡legalidad de un acto servir de apoyo a la petición de suspensión de un acto administrativo". Además, la resolución se permite comentar que España necesita que se creen más prisiones que ayuden a mitigar la masificación de reclusos que soportan las ya existentes. De esta manera se podrá cumplir el objetivo del sistema penitenciario: la reeducación y reinserción social de los internos. La resolución del tribunal, fechada el pasado 28 de octubre, es la respuesta a un recurso presentado por el Ayuntamiento de Navalafuente contra el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró el penal como una obra de "interés social". El Gobierno tuvo que actuar así para saltarse la negativa del municipio de Soto a conceder la licencia de obras.

Los vecinos y los responsables municipales de Soto del Real (2.719 habitantes) se mostraban ayer decepcionados con el fallo judicial. El alcalde, José Luis Sanz Vicente (PP), dijo: "La batalla no está aún perdida", pero admitió: "Esto de la cárcel se pone cada vez más cuesta arriba".

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