Solbes y Griñán anuncian que se mantendrá la autorización en los despidos salvo en las pymes

Los ministros de Economía y Trabajo, Pedro Solbes y José Antonio Griñán, descartaron ayer que se vaya a eliminar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos, salvo para las pequeñas empresas. Al mismo tiempo dejaron claro que se agilizarán los trámites y habrá más facilidades en las rescisiones de contratos. Una tesis que no agrada ni a la patronal ni a los sindicatos que iniciaron ayer la negociación de la reforma laboral y del pacto de rentas con un duro cruce de acusaciones. El presidente de CEOE, José María Cuevas, sugirió que, si no hay acuerdo de rentas, recomendará a las empresas que congelen o moderen los salarios a cambio del mantenimiento de las plantillas.

El único acuerdo al que llegaron ayer el Gobierno, la patronal y los sindicatos consiste en volverse a reunir el próximo día 4 de noviembre para empezar a debatir la reforma laboral y diez días después el pacto de rentas. En lo demás, las discrepancias son evidentes, sobre todo entre la patronal y las centrales. Cuevas acusaba ayer a los sindicatos de "inmovilismo" en la reforma laboral. Esa impresión la ha obtenido en los seis meses de debate agotados en el Consejo Económico y Social (CES). También ha detectado otras dos posturas: la de los "reformistas tibios", que identifica con el grupo de expertos, y los "reformistas más profundos", que son los representantes empresariales.Los dirigentes sindicales Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez criticaron a su vez a la CEOE y dijeron que "sólo sabe despedir" y que "es un freno para las inversiones" por decir que el mercado laboral español es rígido. Redondo añadió: "Si la CEOE, que está nerviosa, consigue que el Gobierno facilite el despido, en 1994 habrá cuatro millones de parados". Gutiérrez hizo en la sede del Ministerio de Economía un inusual llamamiento a los ciudadanos y trabajadores para que apoyen la jornada de manifestaciones del día 25 "porque sólo con una respuesta amplia se corrigen estas políticas".

El despido se ha convertido, sin duda, en la llave del pacto tanto en la reforma laboral como en las rentas. El Gobierno avanzó ayer algunos de sus criterios. Griñán aseguró que él y el ministro de Economía saben que eliminar la autorización administrativa previa "conduce a la judicialización de los despidos y eso no beneficia a las Magistraturas ni soluciona el problema". En cambio precisó que se agilizará el trámite y se eximirá a las pequeñas empresas de despidos colectivos, con lo que no precisarán autorización administrativa. El ministro de Economía dijo que el problema no es la autorización previa sino su interpretación excesiva y avanzó que se eliminarán los "elementos burocráticos". En relación a los despidos individuales, Griñán hizo estas precisiones: "El despido en España es causal y lo seguirá siendo. A cada causa le corresponde una indemnización y no es lógico que se mezclen unas con otras". Es decir, el Gobierno pretende que no se paguen 45 días por año en despidos procedentes cuando la ley dice que se indemnicen con 20 días por ano cuando hay causas objetivas.

El Gobierno espera ahora el dictamen del CES, que se debate precisamente hoy y, si no se llega a un consenso hasta ahora no logrado, se celebrará un nuevo pleno el próximo día 4 para emitir votos particulares con las distintas posiciones.