Los alcaldes se rebelan contra el Gobierno

Los alcaldes han desencadenado una rebelión contra el Gobierno. Con una deuda de 2,2 billones, con la financiación estatal de 1992 pendiente de recibir y con unaumento de sólo un 0,7% en la participación de los tributos del Estado, se hallan en "una situación límite" según dijo ayer el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Francisco Vázquez. Los alcaldes de las siete mayores ciudades de España pertenecientes a cuatro partidos- pidieron al Gobierno la gestión de un 5% del WF y que promueva un pacto de Es tado para afrontar una crisis que atenaza a "casi todos los municipios". El Gobierno replicó que el saneamiento de las finanzas municipales implica que los ayuntamientos reduzcan gastos de versonal.

El comité ejecutivo de la FEMP lanzó la advertencia, con todos los tintes de una acusación al Gobierno: los ayuntamientos españoles atraviesan una situación límite, sobre todo financiera. La FEMP, integrada por alcaldes y presidentes de diputación pertenecientes a diversos partidos, culpó a la Administración central por no haber enviado aún a las corporaciones locales la financiación correspondiente a 1992. Un retraso que ha roto el pacto autonómico y que incumple las promesas del vicepresidente, Narcís Serra, en noviembre de 1991 ante la última asamblea de la FEMP, según el presidente de esta organización y alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez.Vázquez dio a entender que las corporaciones locales y las diputaciones están cargando baterías para arremeter contra el Gobierno. La cúpula de la FEMP, reunida en Madrid con carácter extraordinario, alcanzó un acuerdo unánime sobre una lista de propuestas que será debatida el 5 y el 6 de noviembre en su próxima asamblea general, y sobre quién tiene la responsabilidad de la situación actual.

La incipiente rebelión de los alcaldes ha quedado patente con su decisión de presentar ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno. La FEMP estima que el Ejecutivo incumplirá el Tratado de Maastrichit respecto a la representación en el Consejo de las Regiones si se mantiene el reparto, ya aprobado en el Senado, de 17 cargos para las comunidades (una por cada región) y sólo cuatro para los ayuntamientos. Vázquez anunció que en adelante la actitud reivindicativa será "normal".

El máximo representante de la corporaciones municipales y provinciales resaltó que estas instituciones atraviesan "una situación límite, en lo político y en lo económico". No sólo Málaga y Granada -que han amenazado con no afrontar sus deudas, sino otras muchas ciudades van camino de la quiebra. De ahí, según él, que sea preciso un pacto de Estado. La protesta y la exigencia de fondos por los alcaldes de Málaga y de Granada cuentan con el respaldo de la FEMP y son "el preludio de declaraciones semejantes de otras ciudades", según Vázquez. Éste relató que mientras en 1989 la participación municipal en los tributos del Estado aumentó en un 21%, en 1992 sólo creció en un 0,7%.

El pacto de Estado debería incluir una refinanciación de la deuda, el incremento de la participación de los ayuntamientos y diputaciones en los fondos del Estado -ahora situada en el 14%- y la negociación de nuevos criterios para determinar en adelante esa aportación de la Administración central. El Gobierno ha prorrogado un año el modelo de financiación que expiraba en diciembre.

Estas propuestas serán debatidas, con otras como que los Ayuntamientos gestionen un porcentaje del IRPF o del IVA, en la próxima asamblea de la FEMP para plantearlas después "con autoridad" al Gobierno.

Vázquez aseguró que el Gobierno ha roto el pacto autonómico aceptado verbalmente por Serra hace dos años en la asamblea de la FEMP. A la reunión de este año no irá Serra. El alcalde de La Coruña reconoció que la federación está decepcionada por el incumplimiento del Gobierno. Vázquez hizo suyo el comentario irónico de un alcalde andaluz, que parafraseó la estrategia de la OLP: "Hemos trasformado lo de paz por pasta en paz por pací encial,.

Casi a la misma hora en que la FEMP lanzaba su alegato, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, replicaba que el equilibrio financiero de los municipios depende también de que estos reduzcan seriamente sus elevados gastos de personal.

Peña presentó ayer un informe de Administraciones Públicas que especifica que un 30,6% de los ingresos de los municipios españoles en 1992 se dedicó a gastos de personal (872.266 millones sobre unos ingresos totales de 2,8 billones). Estos gastos aumentaron en 1992 un 14,6% respecto al año anterior.

El secretario de Estado indicó que la cesión del 5% del IRPF a los ayuntamientos, que ayer reclamaron en Madrid los alcaldes de las siete mayores ciudades de España, no serviría para aliviar las arcas municipales "porque no significa automáticamente una mayor recaudación".

La crisis en Andalucía

Las capitales andaluces han sido las primeras en dar la voz de alarma sobre su práctica situación de quiebra. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, paga 25 millones diarios de carga financiera. Su endeudamiento actual, según dijo ayer la primera teniente de alcalde, Soledad Becerril, asciende a 35.000 millones, que generan una carga financiera anual de 9.000 millones, informa Pablo Ordaz. Becerril admitió que "la situación es insostenible" y responsabilizó ,al dispendio y al descontrol del PSOE" del estado de las cuentas en los municipios andaluces. La concejal del PP respaldó las palabras del alcalde, Alejandro Rojas-Marcos, quien el lunes reconoció que 1a quiebra de Málaga le puede ocurrir a cualquiera".

El alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, afirmó ayer, tras reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, que el Ayuntamiento recibirá las transferencias estatales necesarias para afrontar parte de su deuda. También ayer, Telefónica suprimió las comunicaciones de salida de 150 líneas del sistema Ibercom del Ayuntamiento de Málaga, lo que representa un tercio del total de las extensiones, por falta de pago durante los dos últimos años, según un portavoz de la empresa.