La democracia delegada

Lo que ha ocurrido en Moscú desde el decreto presidencial de septiembre sobre la disolución del Parlamento hasta la prohibición de los partidos, las organizaciones y la prensa de oposición encaja en el modelo teórico que propuse ya en 1988 y que sostiene la imposibilidad de realizar la transición directa del totalitarismo a la democracia.En múltiples trabajos sobre el tema afirmé que es necesario e inevitable que Rusia pase por una etapa autoritaria de desarrollo político en su camino hacia la economía de mercado y el sistema político democrático. Ni el régimen de Gorbachov ni el de Yeltsin eran democráticos, de acuerdo con este modelo, los considero etapas de la descomposición del sistema totalitario, con las consiguientes crisis de dirección y de legitimidad y con la falta de acuerdo acerca de los valores básicos entre las principales fuerzas sociopolíticas.

El conocido politólogo argentino Guillermo O'Donell ha propuesto para tal régimen el acertado calificativo de democracia delegada. Con una sociedad civil poco desarrollada e instituciones estatales débiles, todo el sistema debe ser catalizado por un líder carismático, elegido por el electorado, que a partir de entonces pierde tanto el deseo como la posibilidad de ejercer influencia en la vida política del país. Según O'Donell, la particularidad de este régimen consiste en que puede desarrollarse tanto hacia una democracia consolidada más estable, si se resuelven con éxito los problemas socioeconómicos, políticos, nacionales y otros, como degenerar en el autoritarismo, si es incapaz de resolver tales problemas.

Los sucesos de septiembre y octubre son testimonio de que el régimen de democracia delegada de Yeltsin ha pasado a la fase de su desarrollo autoritario, sin lograr resolver los problemas que Rusia afronta en el campo económico, étnico e institucional. La disolución del Parlamento fue acompañada por toda una serie de decretos presidenciales dedicados a liquidar el sistema soviético tanto a nivel republicano y regional como local. Ha sido una auténtica liquidación de los órganos del poder representativo. Allí donde los sóviets se han conservado, el presidente limitó sus derechos, recomendándoles cambiar su personal y poniéndolos bajo el control del poder ejecutivo regional. Se ha instaurado el poder absoluto del Ejecutivo, nombrado por el presidente y organizado de acuerdo con el principio de subordinación jerárquica.

De este modo, casi todo el poder en la esfera institucional se ha concentrado en manos del presidente, por lo menos formalmente. Además, éste prohibió por decreto la actividad de todos los partidos y organizaciones de oposición, lo que cobra un significado particular en vísperas de las elecciones a la Asamblea Federal previstas para diciembre. De hecho, esto margina del proceso político legal a un espectro que incluye a una parte de los centristas (el partido de Rutskói), y a los partidos y movimientos nacionalistas y comunistas. El objetivo de estas medidas es asegurar el control del presidente y sus allegados sobre las regiones, mediante el, nombramiento de los gobernadores, y sobre el futuro parlamento bicameral, del que se marginan los partidos y las organizaciones de la oposición y sus populares líderes.

La disolución del Parlamento brinda hoy una serie de ventajas al poder actual para poner en práctica su política de profundización de la reforma económica. En primer lugar, ha puesto fin, al menos a coito plazo, a la dualidad de poderes en Moscú, que desde diciembre de 1992 paralizaba la actividad del Gobierno. En segundo lugar, el centro reforzado se ha visto en unas relaciones cualitativamente nuevas con relación a los territorios de la federación. La disolución relativamente tranquila de los sóviets regionales, que empezó después de que el presidente exigiera su autodisolución, disipó el mito sobre la omnipotencia de los territorios de la federación y la idea de que dichos de ellos constituían la tercera fuerza capaz de dictar su voluntad tanto al presidente como al Sóviet Supremo, enfrentados en una contienda mortal.

Lo más probable es que los territorios hubieran representado realmente una fuerza seria si se hubiera recrudecido el conflicto entre las ramas del poder en el centro. Los territorios de la federación no lograron constituirse en una institución poderosa (el Consejo de la Federación), en árbitros entre el presidente y el Sóviet Supremo. Dada la debilidad de las relaciones horizontales entre los territorios de la federación y la diferencia de status y de intereses entre ellos, el fin de la lucha entre las ramas de poder en Moscú ha dejado a los territorios rusos frente a frente con el reforzado centro federal moscovita.

En tercer lugar, la disolución del Parlamento y la prohibición que margina a la oposición de la actividad política legal a corto plazo refuerza a las autoridades en otro aspecto muy importante. La situación económica en el país obligará al Gobierno a adoptar medidas duras para luchar contra la inflación, lo que infaliblemente provocará un aumento masivo del desempleo y de la tensión social.

La ausencia de un Parlamento y de partidos y movimientos de oposición capaces de utilizar el descontento masivo contra el presidente y el Gobierno, el control de los principales medios de comunicación de masas y un poder ejecutivo monolítico crean, para el presidente y el Gobierno, posibilidades privilegiadas para dominar el aumento de la tensión social de forma más indolora y sin conmociones serias.

Veamos ahora los factores que pueden debilitar sustancialmente -o incluso neutralizar del todo- la posibilidad de establecer un poder autoritario eficaz, o, hablando en otros términos, una democracia controlada. En primer lugar, puede haber dificultades institucionales. Incluso si se margina a la oposición de las elecciones a la Asamblea Federal, es muy posible que este órgano se convierta muy pronto en una institución tan de oposición al presidente y al poder ejecutivo como la que llegó a ser con el correr del tiempo el disuelto Sóviet Supremo, donde muchos diputados pasaron desde la democracia radical hasta el comunismo y el nacional-patriotismo. A este escenario puede contribuir la ausencia de un sistema desarrollado de partidos y de disciplina partidaria de los diputados, así como la debilidad de la sociedad civil y de las palancas para influir sobre los parlamentarios.

Si la nueva Constitución se aprueba mediante referéndum, conjuntamente con las elecciones a la Asamblea Federal, la nueva ley fundamental garantizará un mecanismo pacífico para resolver la crisis institucional, esta vez sin tanques ni carros blindados. Pero es muy probable que el inevitable enfrentamiento entre la Asamblea Federal así elegida y el poder ejecutivo se convierta en un serio factor desestabilizador de todo el sistema social.

En segundo lugar, la marginación de la actividad política legal de las fuerzas comunistas y nacionalistas y de parte de los centristas disminuye sustancialmente la base social del nuevo poder, pone en duda la legitimidad de este poder para una importante parte de la población del país y contribuirá a profundizar la polarización de las fuerzas políticas y a aumentar el extremismo político. La marginación de tan importante espectro. de fuerzas sociopolíticas de la posibilidad de expresarse por medios legales, mientras se agrava la crisis económica y aumenta la tensión social, también se convertirá en un serio factor desestabilizador del sistema político de Rusia.

Por lo visto, la actuación de la oposición en octubre bajo las banderas rojas es la última acción de gran envergadura de este tipo. Las tendencias dominantes en la oposición serán en el futuro las tendencias de derecha, de carácter extremadamente nacionalistas y antioccidentales, lo que, de ahondarse la crisis, abre la posibilidad para una atmósfera favorable a un golpe de Estado de derecha de

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