Droga y presupuesto

EN LA memoria del Plan Nacional sobre Drogas de 1992, recientemente dada a conocer, se revela lo que en ese año costó a los españoles la lucha contra la drogodependencia: 22.274 millones de pesetas. Una cifra nada despreciable en época de ajuste presupuestario, aunque escasa, a la vez, para paliar los estragos que ocasiona. Pero la drogadicción no sólo acarrea una carga extra sobre el contribuyente; también causa un daño importante al sistema productivo.En la conferencia sobre los problemas de la droga en la comunidad laboral celebrada en Sevilla se han dado datos realmente preocupantes referidos a Estados Unidos: unos trece billones de pesetas de pérdidas cada año en productividad y en seguros de enfermedad derivados del uso de estupefacientes. Al mismo tiempo, los contribuyentes norteamericanos aportan cada año casi 1,5 billones de pesetas de sus impuestos para sufragar los gastos de aplicación de las leyes relacionadas con las drogas. En España, la Administración no dispone de datos sobre las pérdidas que sufren las empresas españolas por la incidencia de la drogadicción laboral, pero tal carencia estadística no supone que no existan.

Hay datos, desperdigados pero fehacientes, de los efectos de la drogodependencia en el lugar de trabajo: una ética laboral disminuida, menor productividad, incremento del absentismo, riesgos para terceros en sectores como los transportes públicos, etcétera. Efectos que además gravan el presupuesto por otras vías del gasto, como la sanidad pública, la Seguridad Social y el plan contra el sida.

No puede desconocerse, en este último caso, la fuerte incidencia que la drogadicción sigue teniendo en España en la transmisión de esta enfermedad: el 64% de los casos de sida está relacionado con el consumo de drogas. Y es que el actual modelo de prohibición a ultranza del comercio de las drogas, patrocinado especialmente por Estados Unidos, produce inexorablemente por doquier los mismos efectos: los buenos y los menos buenos.

De todas las contradicciones de la política represiva contra la droga, la económica no es la menor: hace más gravosa la contribución del erario público en su erradicación, al tiempo que aumenta las ganancias de los narcotraficantes de forma correlativa al riesgo y la prohibición.

El propio Baltasar Garzón, responsable del Plan Nacional sobre Drogas, ha reconocido que en España, el país europeo donde más droga se decomisa, sólo se logra intervenir entre un 10% y un 20% de lo que se presume que entra en el mercado. Sin embargo, nadie, ni los Gobiernos ni las organizaciones internacionales dedicadas a la represión de la droga, parece dispuesto a resolver en su raíz esta contradicción

Las políticas vigentes buscan paliar sus efectos: en el ámbito de la salud, en el trabajo, incluso en el sistema financiero, mediante una acción cada vez más decidida contra el blanqueo del dinero proveniente de la droga. Pero, a pesar de los esfuerzos, los resultados quedan lejos de la solución del problema: los narcotraficantes ganan cada vez más con su criminal comercio clandestino, y los presupuestos públicos se ven abocados a sacrificar cada vez más recursos en el altar de la droga.

No es extraño que los ciudadanos se muestren desconcertados y se inclinen mayoritariamente por una represión todavía mayor contra la droga. Pero el problema es que el arsenal represivo rebosa, encuentra graves obstáculos para su aplicación y, sobre todo, genera unos efectos secundarios tan graves o más que el, mal que pretende combatir: ser caldo de cultivo para la corrupción policial y judicial, y propiciar, en cuanto dispara su poder económico, la influencia del narcotráfico sobre instituciones y personas.

Si se trata no sólo de paliar los efectos del consumo, sino de atacar la causa del problema-esto es, el tráfico- y el móvil del mismo -es decir, la ganancia ¡lícita-, hay que convenir que el modelo vigente de lucha contra la droga queda lejos de ser eficaz y, en cambio, es tremendamente costoso para la sociedad.