El caso Urra

El caso Urra, denunciado también por Amnistía Internacional y por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, cuya convenio fue suscrito por España en abril de 1989, planteó bruscamente, a finales de enero último, la extrema fragilidad de la teoría según la cual ya no existen en España prácticas de malos tratos. Kepa Urra fue encontrado por el médico forense que le asistió en los calabozos de La Salve en Bilbao "inconsciente, con heridas en la cara, ojos y muñecas, sangre reciente en la faringe, boca y nariz que le empedía respirar normalmente".Los responsables del arresto explicaron entonces lo que el ministro del Interior, José Luis Corcuera, reiteró pocos días después en el Congreso; a saber: que las heridas eran consecuencia de la resistencia ofrecida por el presunto activista cuando iba a ser detenido. Lo que ni el ministro ni los guardias explicaron es el origen de las muevas lesiones que el forense apreció en Kepa Urra después de que éste hubiera sido hospitalizado en el pabellón penitenciario de Basurto (Vizcaya). Una pista la ofreció al juez la enfermera Amaya Díez. "Oí gritar a una persona pidiendo socorro, supuse que se trataba de Kepa Urra, pedí a los agentes que abrieran inmediatamente la puerta y vi salir del interior de la habitación a dos hombres".

Según su testimonio, Kepa Urra le contó que los dos hombres, tenientes del servicio de información de la Guardia Civil, le estaban interrogando y le habían pegado.

Urra, presunto liberado del comando Vizcaya, ha afirmado ante el juez que nada más ser detenido fue golpeado en todo el cuerpo y llevado al monte, y que los golpes, "a veces con las palmas de las manos y con porras acolchadas", se sucedieron igualmente en la comandancia.