Mucho gasto y muy poca participación

Las comunidades autónomas españolas apenas tienen responsabilidades en el cobro de impuestos, pero su peso en el gasto total de la Admistración pública es muy elevado: realizan más del 21% del gasto de todas las administraciones públicas del país. Su poder de gasto ha crecido espectacularmehte. Hace diez años, al poco de su nacimiento, realizaban el 9,8% del gasto público, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Estos datos revelan que la descentralización del gasto en España se asemeja a la de los países federales y que la asignatura pendiente es el reparto de los impuestos entre los distintos niveles de gobierno.

La Administración central realizó en 1991 el 65,5% del gasto público, las autonomías el 21,1% y los ayuntamientos y diputaciones el 13,4%, según Economía. Este reparto del gasto es prácticamnente igual que el de Alemania: 58,7% (Gobierno federal), 21,5% (Gobiernos regionales o lánder) y 17,9% los ayuntamientos. Se asemeja también al de Estados Unidos: 60,3% el Gobierno federal, 17,3% los Estados y 22,4% las corporaciones locales, según el trabajo de Antonio Giménez Montero.

La diferencia entre estos países y España radica en el mayor peso de los ayuntamientos en el gasto público. Los ayuntamientos españoles han sido los grandes perdedores de la descentralización del gasto público en España. En 1980 realizaban el 10,1% del gasto público y en 1991 han pasado al 13,4%.

Pero los ayuntamientos están dispuestos a dar la batalla frente a las comunidades autónomas. Siete grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza- anunciaron el pasado martes que pedirán a sus respectivas comunidades autónomas una participación específica en el 15% del IRPF recientemente cedido a las autonomías. Es la primera parte de una negociación que se perfila tan dura como la cesión del 15%.