Yeltsin convoca a un referendum sobre la nueva Constitución para el mismo día de las legislativas

La Constitución rusa, cuyo texto definitivo no ha sido ultimado aún, se someterá a un plebiscito el próximo 12 de diciembre, coincidiendo con los comicios legislativos,según un decreto firmado ayer y anunciado por la televisión por el presidente Borís Yeltsin. Mientras tanto, el ex jefe del Parlamento, Ruslán Jasbulátov, y el ex vicepresidente, Alexándr Rutskói, los principales encausados por los violentos sucesos del 3 y el 4 de octubre en la capital rusa, fueron ayer acusados formalmente de provocar desórdenes masivos con graves consecuencias.

Esta acusación, que se basa en el artículo 79 del Código Penal ruso, puede ser castigada con penas de hasta 15 años de prisión y fue aplicada también a los principales detenidos."¿Acepta usted la Constitución de la Federación Rusa?'. Esta será la simple pregunta que se considerará contestada afirmativamente en caso de obtener la mayoría simple de los votos. Si la respuesta es positiva, la Constitución entrará en vigor automáticamente y no requerirá la confirmación del futuro parlamento, según Alexandr Kotenkov, jefe de la dirección estatal y jurídica del presidente. El proyecto de Ley Fundamental, que será publicado el 10 de noviembre como muy tarde, fue elaborado por la Conferencia Constitucional (un foro alternativo al disuelto Parlamento), donde perdió en gran parte el corte presidencialista que ahora podría volver a adquirir en los retoques de última hora.

En el telediario nocturno de la televisión rusa, el presidente ruso desmintió ayer que tuviera intención de firmar un decreto limitando los derechos humanos. Con esta declaración, el presidente salía al paso de las informaciones difundidas por la emisora Ejo Moskvi sobre la existencia de un borrador de decreto que, según los indicios asustó a parte del equipo de Yeltsin.

Por la mañana, el primer vicejefe de Gobierno de Rusia, Yegor Gaidar, advirtió ayer que existía un "peligro serio" de "transgredir los derechos humanos", si se prolongaba el estado de excepción decretado por el presidente en Moscú con motivo de los violentos sucesos que se desencadenaron el 3 de octubre pasado.

"La esencia del problema es seria", manifestó Gaidar, que se mostró partidario de "no permitir de ningún modo" la prolongación del estado de excepción, que, según lo previsto, debe terminar el próximo 18 de octubre.

El proyecto de decreto presidencial, revelado por Ejo Moskvi, tenía por objeto el "mantenimiento del orden en el periodo de puesta en práctica de la reforma constitucional" y, con ese fin, preveía la concesión de facultades extraordinarias a las autoridades locales para introducir un régimen de visados, limitar el empadronamiento y deportar a los ciudadanos. Consideraba también la suspensión de la inmunidad de jueces, fiscales y funcionarios del Estado y la ampliación de poderes para los órganos del Interior y de Seguridad y la prolongación de la detención preventiva hasta 30 días.

El ayudante del presidente, Yuri Baturin, y la juez del Tribunal Constitucional, Tamara Morslichakova, criticaron el proyecto, inspirado aparentemente por los ministerios de Seguridad e Interior.