El lujo de abortar en la sanidad pública

Cada día interrumpen legalmente su embarazo unas 35 mujeres en Madrid. Y cada día tan sólo una de ellas es atendida en la sanidad pública sin ningún coste para su bolsillo, según datos de la Consejería de Salud. El resto acude directamente a las clínicas privadas. Y paga por ello entre 40.000 y 200.000 pesetas; aunque, en teoría, el Insalud prevea la asistencia de estos casos en la sanidad pública.Todos los grandes hospitales de Madrid disponen de infraestructura para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.. Sin embargo, sólo tres asumen esa tarea: el hospital General de Móstoles (192.000 habitantes),'el Severo Ochoa de Leganés (172.000) y el Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares (164.000) -pero entre los tres dan cobertura sanitaria a un millón de madrileños- En los demás, cuando se nombra la palabra aborto se crea siempre un silencio incómodo. Porque su práctica sigue teniendo ese toque clandestino y mal visto por muchos médicos. "Aquí, en Madrid, sólo hacen abortos tres hospitales que están medio presionados, y luego tres o cuatro clínicas privadas, que hacen más del 90%", reconoce Javier Salmeán, jefe de ginecología del hospital Severo Ochoa.

"Decidimos a que la mujer pueda ser libre nos ha causado a muchos médicos problemas de tipo profesional", afirma Sixto Perera, responsable de la unidad de reproducción del hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá.

Por motivos de conciencia entre los anestesistas, en este centro hospitalario sólo atienden casos de menos de 12 semanas de gestación. En Móstoles realizan prácticamente sólo abortos en los que hay un grave riesgo para la salud de la madre o del feto, y el Severo Ochoa de Leganés interviene a mujeres que se acogen a los tres supuestos legales despenalizados por la ley. En los tres centros hacen abortos de fuera de su área tan sólo en casos "muy concretos". Hasta hace un par de años llegaban a sus quirófanos mujeres de toda España. Pero cerraron el grifo. El personal estaba agotado física y psíquicamente. "Nos cansamos de solucionar las consecuencias de la objeción de las demás áreas sanitarias", aseguran desde el hospital Severo Ochoa.

La objeción

La objeción de conciencia tiene bloqueada la práctica del aborto en el resto de los hospitales. No obstante, la Dirección Provincial del Insalud trata de dar cabida a las mujeres que llegan a sus oficinas solicitando la intervención. Una precisión: son pocas las que lo solicitan a la sanidad pública, aunque no hay datos oficiales

precisos. La burocracia y las escasas posibilidades de encontrar plaza empujan a la mayoría a las clínicas privadas. En el primer semestre del año pasado sólo se interrumpieron en los hospitales públicos 256 embarazos, un 4% de los abortos practicados en Madrid. Tan sólo la clínica Dator realizó 4.491, el 74% del total, por un precio que osciló entre las 40.000 y las 60.000 pesetas.En el centro privado más caro, la interrupción puede alcanzar las 250.000 pesetas, y en el más barato, 35.000. La otra posibilidad se encuentra en los periódicos, entre anuncios de asesores fiscales y alquiler de casas: son las clínicas ilegales. Con un "pásate por aquí mañana sin haber fumado" solventan el problema. La voz que atiende al teléfono suele fijar los honorarios, en principio, en 30.000 pesetas, pero hay mujeres que no disponen siquiera de ese dinero, y entonces recurren a funcionarios como Ordóñez.

Emilio Ordóñez, en una labor que él define como "ingrata", se encarga de buscar hueco, desde una habitación pequeña de la Dirección Provincial del Insalud, a las mujeres que desean abortar en la sanidad pública.

Ordóñez cuenta cómo a veces hay mujeres que no caben en ningún lado y que tampoco tienen dinero para el aborto por lo privado. "Sientes impotencia cuando ves cómo alguien busca el dinero debajo de las piedras en cuestión de días". Por sus manos pasan todo tipo de historias: "Trágicas y no tanto; desde la típica heroinómana descontrolada hasta cualquier chica de vida sin problemas con una situación de lo más normal", explica.

Esta oficina de la Dirección Provincial de Insalud tiene tanto camino andado como la ley orgánica que en 1985 despenalizó tres supuestos: cuando haya "riesgo para la salud física o psíquica de la madre", o cuando el embarazo se haya producido como consecuencia de un "delito de violación", o cuando exista presunción de que el feto vaya a nacer con graves taras". Hasta 1990 consiguieron atender toda la demanda que les llegaba. Sin embargo, en los primeros meses de 1991 tuvieron que enviar a las clínicas privadas al 7% de las mujeres que pasaba por este servicio.

M. L., seropositiva embarazada de 12 semanas, consiguió plaza en un hospital público para abortar a través de esta oficina. Pero en ese momento no había camas libres. Al verse relegada a los últimos puestos de la lista de espera, acabó recurriendo a una clínica privada.

"Es una patología que no admite demora, tanto por razones clínicas como psíquicas", explica Javier Salmeán, jefe de ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés. Precisamente, la mayoría de las enfermas alega causa psíquica.

"La angustia de la mujer continúa Salmeán, "hace que no sea una práctica fácil de llevar en la sanidad pública, aunque se trata de una prestación que la Seguridad Social debe asumir. Y si no, que lo diga claramente. Un hospital público no debe tener atenciones contempladas dentro del Insalud y negarlas al mismo tiempo por la actitud de los médicos", concluye.

Hasta hace poco, la situación de bloqueo de esta intervención no estaba tan generalizada. En grandes hospitales como La Paz, el Gregorio Marañón o el Doce de Octubre se practicaron abortos hasta 1989. El cambio del equipo de ginecólogos o su decisión de objetar en un momento determinado "pudieron ser las causas" que frenaron la actividad, según apuntan fuentes del Insalud.

Cuestión de elegancia

Para Sixto Perera, a veces se recurre a la objeción por "comodidad". Javier Salmeán es más tajante: "Muchos no objetan porque ideológicamente deban objetar, sino porque practicar abortos no trae ninguna ventaja; al contrario, te hace estar mal visto". Médicos objetores aducen, a su vez, motivos religiosos o ideológicos, y su creencia de que el feto tiene los mismos derechos que cualquier ser nacido.