El Gobierno regional archiva definitivamente el 'caso Atocha'

El esfuerzo por esclarecer lo que sucedió entre la empresa Construcciones Atocha y varias consejerías de la Comunidad de Madrid no ha servido de mucho. Se formó una comisión parlamentaria de investigación, se escrutaron cientos de folios y muchos contratos, se elevó el asunto a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se tomó declaración a varios funcionarios. El proceso judicial ha cumplido casi 11 meses. Los expedientes internos abiertos a los dos funcionarios implicados en el caso, además, fueron archivados este verano.

La Asamblea de Madrid cerró el pasado 5 de marzo la investigación sobre las supuestas contrataciones irregulares de varios departamentos de la Comunidad de Madrid con la empresa Construcciones Atocha con la petición de abrir un expediente disciplinario al ex jefe de obras de la Consejería de Cooperación, Vicente Martínez Castelló, y con otro informativo al director general de Cooperación, Antonio González Jiménez.El presidente regional, Joaquín Leguina, ya avisó entonces, parafraseando a Montesquieu, que no se sentía obligado a destituir a nadie en sus funciones ejecutivas ante el mandato aprobado por el PP e IU en esa comisión de la Asamblea. Los expedientes, sin embargo, se iniciaron inmediatamente a petición del consejero de Cooperación, pero ambos han sido archivados.

"Hechos 'sub júdice'"

El pasado 28 de junio el instructor del expediente disciplinario abierto a Vicente Martínez Castelló propuso, "al conocer que los hechos están sub júdice", que se suspendiera el mismo hasta conocer la calificación propugnada en este asunto por la fiscalía de Madrid. Él consejero de Cooperación, Virgilio Cano, aceptó gustoso a primeros de agosto esta alegación.

Vicente Martínez Castelló, de 48 años, ingeniero de caminos, continúa en la Consejería de Cooperación 17 meses después de haber sido destituido como jefe de proyectos y obras de este departamento. Ahora ya no está en su anterior despacho (veáse EL PAÍS del pasado 31 de marzo), sino "en expectativa de destino" Este funcionario autonómico admitió ante la comisión de investigación que cuando estaba en su cargo permitió que Construcciones Atocha le rehabilitase su casa después de haber recomendado a esta empresa en un expediente de obra que él mismo tramitó.

El archivo del expediente al otro funcionario investigado se ratificó también el pasado 14 de agosto. Los instructores han entendido que "los aspectos más significativos de la polémica se desarrollaron cuando el actual director general de Cooperación con la Administración Local [Antonio González Jiménez] aún no ocupaba ese puesto".

"[Antonio González] No podía haber concedido trato de favor a Construcciones Atocha, dado que las propuestas de adjudicación procedían de la comisión consultiva de contratación de obras de la Consejería de Presidencia", concluye el expediente informativo interno.

El presidente de la comisión de investigación y secretario del PP en la Asamblea, Manuel Cobo, entiende que estos dos casos confirman la intención de los responsables autonómicos de "echar balones fuera y exculparse". Cobo no se sorprende de las conclusiones internas de la Consejería, que le fueron facilitadas por este periódico, porque oficialmente todavía no se las han comunicado, pero cree que el fiscal tiene que acabar encontrando algo más que indicios de varios delitos (depósitos de materiales pagados e inexistentes, estafa...).

La fiscalía de Madrid tiene incluso la transcripción completa de las actas de la comisión secreta de investigación formada en la Asamblea.

"Vicente Martínez Castelló mandaba cartas de recomendación a varias constructoras cuando algunas jamás habían hecho una obra conocida, no tenían prácticamente capital y no se había efectuado ningún tipo de calificación", replica a la resolución de los expedientes el diputado del PP.

Cobo aclara que Antonio González, antes que director general de Cooperación, fue jefe de servicio en esta consejería en la época de las contrataciones investigadas. El diputado del PP opina que varias de estas adjudicaciones -al menos tres de cantidades inferiores a los 25 millones- se decidieron entonces directamente desde la Consejería de Cooperación.