El derecho a ejercer

"El licenciado que sale de la Facultad de Derecho no tiene ni idea de cómo defender". Lo dicen los abogados y lo reconocen los propios estudiantes de Derecho, que personalmente serán los más afectados por la regulación que prepara Justicia y el Consejo General de la Abogacía para el acceso de los licenciados al ejercicio de la profesión, que hoy sólo requiere colegiarse. Menos acuerdo hay sobre las soluciones a esa situación. Unos abogados piden formación práctica a la Universidad, porque desconfían de la pasantía, "única solución", según otros. Algunos estudiantes comienzan a movilizarse, preocupados, mientras que otros, expectantes, dicen que "todo depende de cómo se haga".La noticia se estaba gestando desde hace tiempo, pero estalló la semana pasada cuando, al mismo tiempo que el nuevo ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, pedía al Parlamento un pacto de Estado para la reforma de la justicia, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay, informaba de la preparación de una norma que impedirá acceder al ejercicio profesional a los licenciados en Derecho que no hayan demostrado su capacitación. Gay aseguró que España es el único país de la CE donde basta el título de licenciado en Derecho para ejercer como abogado.

Gay puso el acento en el enorme" número de abogados que hay en España, 80.000, mientras que en una nación como Francia, que nos supera en 18 millones de habitantes, sólo hay 25.000. Otro dato que ofreció fue que en 1992 se colegiaron en España 3.700 nuevos abogados, es decir, más de la mitad del total de letrados con que cuenta Holanda. En el Ministerio de Justicia consideran que la regulación es inexorable, porque la impone una directiva de la CE, y es necesario que los abogados de los restantes países de la comunidad tengan que demostrar su capacidad para defender en España, requisito que no se les puede exigir mientras a los españoles les baste la licenciatura.

Al margen de la necesidad de establecer una situación de reciprocidad respecto a los abogados españoles que pretenden ejercer en países de la CE -a quienes les exigen acreditar su capacidad-, fuentes de Justicia señalaron, que los licenciados españoles "no están en condiciones de hacerse cargo de la defensa de un ciudadano al día siguiente de obtener la licenciatura". Desde Justicia se estima que la nueva normativa dignificará la profesión de abogado y el servicio prestado a los ciudadanos. Entre las fórmulas que se barajan figura una que permita optar entre un examen o un periodo de capacitación -que Gay desea de dos años- en una Escuela de Práctica Jurídica.

La primera alarma se ha producido en los últimos cursos de las facultades de Derecho. Desde La Laguna (Tenerife), en donde han comenzado a hacerse asambleas y se preparan movilizaciones, Sergio Armas, de 23 años, estudiante de cuarto de Derecho, considera que la medida "es injusta hacia nosotros, aunque pueda tener parte de razón hacia la sociedad, ya que es verdad que nos hacen falta más conocimientos para ejercer la profesión". Armas pide tajantemente que no se siga adelante con ese proyecto. "Lo que buscan es cerrarnos el camino, porque un joven se come el mundo y les quita trabajo a ellos", asegura.

Javier Moreno, estudiante de quinto de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y directivo de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), piensa que la medida "no es buena ni mala, porque dependerá de cómo se haga". Para él, existe el peligro de que se pretenda "una cooptación del mercado" pero cree que también puede producirse "una institucionalización de las prácticas", en cuyo caso, siempre que no resulten gravosas ni excesivamente largas, se den facilidades y no se limiten las plazas, podría resultar aceptable.

Tanto para Moreno como para otra compañera de curso y de asociación, Sira Montero, lo mejor sería aprovechar que en el nuevo plan de estudios, de cuatro años, los seis últimos meses se dedican a prácticas. "Bien hechas podrían servir para preparar de cara al ejercicio profesional, porque las prácticas no están al alcance de todo el mundo", razona Montero. Otros alumnos exigen que no duren más de un año y sean gratuitas.

Entre los abogados las opiniones son muy diversas. Fernando Oliete, presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA), piensa que "esto sería una dificultad más para los abogados que empiezan". José Luis Galán, también de ALA, apuesta por la solución universitaria, "hacer hincapié en los planes de estudios", porque considera que "la pasantía es una explotación".

En cambio, José Ignacio Montejo, de la Asociación Crítica del Derecho, cree que la solución es "organizar bien la pasantía, con desgravaciones fiscales a cambio de comprometerse a formar un abogado, porque lo que no puede ser", explica, "es que se aprenda a base de hacer desmanes al ciudadano". Niega que pueda confiarse en la Universidad, porque asegura que "la práctica profesional sólo se aprende en un despacho". En todo caso considera "irresponsable mantener la situación actual". "Es responsabilidad de los colegios", afirma, "respetar al ciudadano, en lugar de proteger al abogado, y ocuparse de la formación profesional".

Fernando Gómez-Chaparro Díaz, directivo del Grupo de Abogados Jóvenes, desconfía de la formación universitaria y de la que pueda darse en cursos o en escuelas de prácticas, de las que "lo más probable", dice "es que se salga en la misma situación que se entró". Para Gómez-Chaparro, "la de abogado es una profesión basada en la confianza y que sólo se aprende siendo abogado". Insiste: "Se aprende en la calle, peleando, o no se aprende. Poner más trabas a los licenciados me parece muy mal".

En cambio, el ex presidente del mismo grupo, Javier Barrilero Yárnoz, es "partidario de algún tipo de especialización posterior a la licenciatura, ya sea una pasantía, un examen o determinados años de prácticas".

El debate está servido.