11 años de procedimiento "de urgencia"
El primer juicio comenzó en marzo de 1987. Cuatro ingenieros del entonces llamado Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ocuparon el banquillo. Se trataba de Salvador Madrigal, autor del proyecto de la presa; Jesús González Marín, ingeniero a pie de obra; Florentino Santos, director de las obras durante un tiempo, y Román Guerrero, jefe del servicio de Regadíos del ministerio.A los pocos días, las sesiones se suspendieron para investigar la responsabilidad de Juan Sancho-Tello, comisario de Aguas del Júcar, quien había acudido como testigo. Sancho-Tello declaró que conocía el riesgo de temporal, pero no lo comunicó a las presas.
El segundo juicio se inició en 1989, ya con Sancho-Tello en el banquillo. Las sesiones duraron un año y luego hube) que esperar ocho meses para conocer la sentencia. El tribunal condenó a Román Guerrero y a Juan Sancho-Tello. El Estado debía indemnizar a unos 4.500 damnificados, los que estaban representados por las acusaciones particulares. Ello se debió a que el fiscal sólo acusó a dos ingenieros, que resultaron absueltos.
Sin embargo, el Supremo anuló ese juicio y el procesamiento de Román Guerrero y Florentino Santos. Por ello, al menos al principio, estos dos ingenieros no estarán en el banquillo. El alto tribunal consideró que el presidente del tribunal que juzgó el caso había participado en la instrucción. Once años después de la catástrofe, el proceso continúa por el "procedimiento de urgencia".
El fiscal representa ahora a 31.700 perjudicados, 8.200 más que en 1989. La diferencia se explica porque el Gobierno, a través del decreto-ley de febrero pasado, incluyó a más pueblos como damnificados.
El dinero total que pide el fiscal para los 31.700 damnificados aún se desconoce por la dificultad de efectuar la suma. Con la anterior sentencia -que reducía el dinero pedido por el fiscal- el Consell valenciano calculó que serían necesarios unos 25.500 millones para pagar a los anteriores 23.500 afectados. Ahora, habrá que sumar las cantidades que reclaman los nuevos perjudicados y restar lo que exigían quienes se han acogido al decreto del Gobierno.
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