Lucha contra la droga: ¿yahora, qué?

Los avances que en los últimos años se han producido en la lucha contra la droga se deben no sólo a la acción pública, sino también al hecho de que los ciudadanos comienzan a concienciarse de que corresponde a toda la sociedad combatir esta lacra.Cualquier persona sensible percibe la droga como un problema, a la vista de los devastadores efectos que produce en sus víctimas, las muertes (809 en 1992 en España), la destrucción física y moral, la delincuencia drogoinducida, el desarraigo, la marginación social... Esta visión, aun respondiendo a una realidad que sufrimos, resulta parcial; la droga genera otros problemas quizá no tan cercanos ni evidentes, pero no por ello menos preocupantes. Hoy se puede afirmar que la droga (su implantación o expansión) es un hecho mundial: un país o las produce o las transforma, o las comercializa o facilita los precursores necesarios para su manipulación o es tránsito obligado de las mismas o punto de destino para consumirlas.

Los problemas de la droga deben afrontarse desde una perspectiva global que tenga en cuenta, al menos, tres ideas: primera, su dimensión internacional; segunda, la necesidad de luchar contra el tráfico y no sólo de paliar los efectos del consumo, y tercera, que lo que conocemos como narcotráfico (tráfico de drogas y blanqueo de capitales) es una de las manifestaciones más genuinas de la criminalidad organizada.

El tráfico de drogas como hecho mundial supone, además de la generalidad del problema, la estrecha conexión entre los distintos grupos criminales originarios de cada país y su implantación más allá de cada frontera. A esto se refería Antonio Falcone, el juez italiano asesinado por el crimen organizado, cuando hablaba de la Mafia como fenómeno supranacional y como modelo de exportación. Ya no se puede dudar de la existencia de pactos entre la Mafia y los carteles colombianos, o del asentamiento de aquélla en determinadas zonas de España, o de las conexiones de éstos con ciertos grupos organizados que desarrollan sus actividades en nuestro país desde hace tiempo y que han evolucionado desde el contrabando hacia el tráfico de drogas. Además no podemos olvidar que la situación geográfica convierte a España en lugar de operativo excepcional y en tránsito obligado. A todo esto debe añadirse que la desaparición de fronteras dentro de la Comunidad Europea y la liberalización de los movimientos de personas, mercancías y capitales vienen a facilitar el tráfico ilícito de drogas y la circulación y lavado de dinero proveniente del mismo. Todas estas circunstancias, derivadas del hecho intemacional que es el narcotráfico, requieren una respuesta que esté a la altura del problema, es decir, una respuesta de alcance equivalente. La colaboración policial y judicial, la conciencia de ser ésta imprescindible y la plasmación de tal colaboración en normas jurídicas que la posibiliten se convierten en una exigencia ineludible para una eficaz lucha contra el tráfico de drogas.

Ya se ha indicado que el problema de la droga debe afrontarse intentando paliar los efectos del consumo, mediante la rehabilitación, y evitar ese consumo, mediante la prevención, parcelas en las que la acción de la Administración central y autonómica debe ir acompañada y dejarse aconsejar por la iniciativa social, por el voluntariado, verdadero catalizador del problema. Pero esto no es suficiente, también debe atacarse la causa generatriz, esto es, el tráfico, y el móvil de dicho tráfico, o sea, la ganancia ilícita. Una política de drogas no debe ni puede olvidar ninguno de estos aspectos, ni muchos menos considerarlos compartimentos estancos. La política de drogas es necesariamente una política globalizadora del problema en todos sus aspectos, y de coordinación de las distintas acciones a realizar. La necesidad de prevención es evidente, pero prevenir no s sólo informar de los peligros, sino, sobre todo, desafiar tales pligros. La represión del tráfico, desde esta perspectiva, se con ierte en una forma de prevención. Y cuando hablamos de recesión del tráfico debemos incluir no sólo la investigación, persecucion y, en su caso, castigo tales conductas, sino también la averiguación de los circuitos económicos que mueven y lavan el ilícito beneficio económico, reciclando las ganancias. La ausencia de una acción eficaz y coordinada de los Estados genera una relativa impunidad de estas conductas. Sólo atacando el circuito financiero del narcotráfico, su entramado económico, se encontrará el punto débil del negocio, pues es el dinero y el poder que con él se puede comprar lo que motiva el tráfico.

Decía que ese tráfico debe ser visto como una manifestación del crimen organizado, de ese crimen organizado que en algunos países, como Italia, ha cohabitado con el poder político, contaminándolo y corrompiéndolo, ha comprado voluntades, ha controlado un importante número de votos, ha obtenido contratos de suministros y obras municipales, se ha infiltrado en el mundo empresarial y ha conseguido ajustar procesos penales; en definitiva, ha embargado a la sociedad, a sus representantes y a sus servidores, ha extorsionado a unos y asesinado a otros. Y es también el crimen organizado el que mueve las drogas en los países del Este, convirtiendo éstos en los últimos años, y como consecuencia, entre otras causas, de la falta de unas políticas estables, en auténticos centros de creación y actuación de organizaciones criminales que están empezando a desplegar sus efectos en Europa Occidental y en España.

Pero además el crimen organizado es el que compra armas con los beneficios del tráfico y el que está empezando a verse como un peligro de destrucción de los sistemas democráticos, y no sólo por los mecanismos de influencia que degeneran en corrupción de las instituciones, sino también porque esa delincuencia adopta en momentos determinadas formas de actuación subversivas o estrategias terroristas. Este cuadro puede parecer exagerado y, en tal sentido, pensar que estas cosas pasan en otros países o que son propias sólo de grupos como la Mafia siciliana. A mi modo de ver, éste es el gran error: despreciar o menospreciar la capacidad de penetración del crimen organizado, porque precisamente uno de sus objetivos es pasar inadvertido en su acción de instalarse en el entramado social hasta llegar a un punto que haga casi imposible la respuesta.

En España es cierto que la delincuencia organizada, dedicada fundamentalmente al tráfico de drogas, no representa todavía tales males y peligros. Pero también es cierto que si no se actúa con firmeza e inteligencia, y sobre todo con rapidez, podemos llegar a situaciones mucho más lamentables, en las que el Estado irá siempre por detrás. La actuación coordinada no debe pararse en un mero parcheo, sino extenderse a una total reconducción de los sistemas de represión. Debemos aprovechar el momento en el que estamos para tomar conciencia de que la lucha contra el narcotráfico y sus secuelas no es una lucha contra unos delincuentes, sino que es la lucha contra una amenaza seria que va dirigida, en última instancia, contra el Estado. Lo que ya vemos en España y lo que vemos fuera debe ser el aviso para evitar el fortalecimiento de las organizaciones criminales, pues cuando éstas, por la inactividad del Estado, se infiltran en la sociedad y embargan el poder legítimo es ya muy difícil erradicarlas.

Se hace ya imprescindible la actuación coordinada contra este mal, entendiéndolo en toda su magnitud, y esto implica reprimir las conductas que son absolutamente insoportables para la sociedad, para hacerlo, por una vez, con la conciencia clara de lo que se quiere conseguir, superando reticencias y corporativismos torpes y absurdos. En definitiva, esto constituye una vía de prevención, prevenir las consecuencias nefastas para todos y asistir curando y rehabilitando a quienes se han convertido en las víctimas inmediatas. Una política global de la droga no puede renunciar a nada de esto, y una acción inteligente contra la delincuencia organizada no puede esperar para su puesta en marcha.