Un coste de 10.000 millones el primer año

El acuerdo sobre corresponsabilidad fiscal alcanzado ayer supone que, en los dos años establecidos, todas las comunidades autónomas obtendrán más recursos de los que les corresponderían de no cambiar nada. Para el primer año (1994) ese exceso se ha estimado por el Ministerio de Economía en 10.000 millones de pesetas. Para el segundo (1995) "será algo más del doble", según el ministro Pedro Solbes.La razón es que el acuerdo alcanzado ayer toma como punto de partida la recaudación real obtenida en 1993 por el impuesto sobre la renta, y sobre ella se establecen unos crecimientos mínimos y máximos para los dos años siguientes, de forma que el balance para las autonomías sea positivo. En el primer año (1994) la diferencia es más pequeña, pero en el segundo (1995) el abanico se abre tanto en el mínimo como en el máximo.

El sistema acordado ayer supone que las comunidades autónomas percibirán, como hasta ahora, su participación en los ingresos del Estado, pero una parte de esta cantidad será igual al 15% de la recaudación por IRPF obtenida en su territorio. Es decir, partiendo de las cantidades manejadas en 1993, la cifra final para 1994 varía ligeramente -10.000 millones-, aunque la vía de financiación se divide en dos tramos: el primero será la participación en los ingresos del Estado, y el segundo el 15% de la recaudación territorial del IRPF.

El asunto más debatido ha sido cómo debía evolucionar este nuevo sistema para evitar que las comunidades con mayor recaudación por IRPF incrementen sus diferencias con las de menor crecimiento. Para ello, se han acordado unos topes máximos y mínimos que varían en los dos años. En ambos casos, los límites operan sobre la participación de las autonomías en los ingresos del Estado más los tributos cedidos, es decir, sobre el grueso de la financiación que perciben.

Para el año 1994, las comunidades del artículo 151 (Cataluña, Andalucía y Galicia) tendrán un tope máximo de crecimiento con respecto a 1993 del 0,51% y un mínimo del 0,25%, mientras que a las restantes se les aplicará el mismo mínimo (0,25%) y un máximo del 1%. En el año 1995 los topes se unifican y quedan en un máximo del 2% y un mínimo del 0,5%.

Ayer se acordó también crear un órgano paritario entre las autonomías y la Administración central para luchar contra el fraude; encargar a un grupo de expertos la elaboración de un libro blanco sobre financiación autonómica, sobre los servicios públicos que debe prestar el Estado, sobre medidas para incrementar la corresponsabilidad fiscal de las autonomías y sobre la capacidad normativa autonómica en materia fiscal.

Igualmente, se resaltó la voluntad política" de avanzar en este último aspecto y en buscar soluciones al problema de la financiación de la sanidad.