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Cuatro comunidades rechazan el acuerdo del IRPF

Galicia, Baleares, Extremadura y Castilla y León no apoyan el texto al que Cataluña dio su voto

Casi dos años después de comprometerse a buscar una fórmula para ceder el 15% del IRPF a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno y a las comunidades, la aprobó ayer sin alcanzar la unanimidad. Hasta cuatro fórmulas se han barajado en el proceso negociador, que ha estado plagado de confusión. Una prueba más de las dificultades del proceso de cesión fue el resultado de la votación en el consejo. De las 15 comunidades, tres votaron en contra y una se abstuvo. Galicia, Baleares (ambas del PP) y Extremadura (PSOE) votaron en contra, y Castilla y León (PP) se abstuvo. Ni las comunidades gobernadas por el PP ni la beligerante Junta de Extremadura han aceptado el sistema de cesión del impuesto.

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Un coste de 10.000 millones el primer año

Pese a ello, el acuerdo del consejo es válido porque con la votación mayoritaria es suficiente. Las cuatro comunidades autónomas que no han aceptado el acuerdo pueden optar por el sistema antiguo de financiación.Tres comunidades no podrán recibir en un primer momento la cesión del 15% del IRPF por no haber recibido todas las transferencias del Estado. Es el caso de Madrid, Aragón y Baleares. La primera sólo recibirá el 5% y las dos siguientes el 10%. Por este motivo, el consejero de Hacienda de Baleares, Jaume Matas, del Partido Popular, votó en contra.

El representante de la Generalitat de Cataluña, Macià Alavedra, que había condicionado su apoyo a los presupuestos a la cesión del 15% del IRPF, respaldó ayer en el consejo la fórmula propuesta por el Gobierno. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, manifestó ayer que el acuerdo sobre la cesión del impuesto "abrirá un buen camino de cara al debate presupuestario".

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, calificó el acuerdo de "importante". El ministro desvinculó en todo momento el acuerdo del IRPF y el apoyo de Convergéncia i Unió a los presupuestos del Estado, y negó que la necesidad del voto del nacionalismo catalán a los mismos hubiera acelerado la negociación. "En el debate de investidura, el presidente del Gobierno, Felipe González, se comprometió a cerrar este acuerdo antes del 15 de octubre y hemos cumplido el plazo", dijo.

A juicio del ministro, "el acuerdo respeta el que se firmó en enero de 1992, introduciendo algunos elementos de corresponsabilidad a título experimental". En su primer año de aplicación, en 1994, tendrá unos efectos neutros, es decir, que ninguna comunidad gana excesivamente, y en el segundo año, en 1995, ganarán más aquellas comunidades que realicen un mayor esfuerzo fiscal. Reconoció también que todavía no hay ningún cálculo oficial sobre cuánto dinero recibirá cada comunidad autónoma por la cesión del 15% del IRPF.

Inicio de corresponsabilidad

Pedro Solbes precisó que el sistema respeta durante el año 1994 la neutralidad fiscal, pero en 1995 "se ejerce más la corresponsabilidad y es más flexible". El consejo se comprometió también a que las comunidades participen en la Agencia Tributaria Estatal y a elaborar un libro blanco, que se encargará a tres profesionales independientes, que aborde el estado de la situación del sistema financiero, los problemas que plantea el aumento de la corresponsabilidad fiscal, así como. la capacidad normativa. La materialización de la cesión del 15% del IRPF la llevarán a cabo organismos paritarios en los que estarán presentes el Gobierno central y representantes de cada comunidad autónoma. En este proceso es posible que alguna de las comunidades que se han descolgado del acuerdo, como Castilla y León, acaben asumiéndolo.

Ayer, el consejero de Hacienda de esta comunidad, Fernando Bécker, del Partido Popular, manifestó que las razones de su abstención eran las "incertidumbres del sisterna". "Hasta ayer por la noche no conocíamos la formula. Hemos negociado con toda rapidez los topes máximos y mínimos, y no sabemos cuáles son sus efectos", dijo.

También reconoció incertidumbres el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, el socialista Jaime Montaner, pero no obstante, votó positivamente, pese a las vacilaciones mantenidas por el Gobierno andaluz durante las últimas semanas. "El sistema es globalmente neutral y eso supone un avance importante. Además tiene en cuenta el problema de la financiación de la Sanidad, por lo que vamos dar un margen de confianza".

El que no tuvo ningún tipo de cautela fue el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, el socialista Manuel Amigo, que votó en contra de la propuesta del Gobierno. Según el consejero extremeño, el actual sistema permitirá a algunas comunidades gestionar en 1995 unos 10.500 millones de pesetas, mientras que otras sólo recibirán unos 100 millones. El consejero socialista no quiso contradecir al presidente del Gobierno, Felipe González, que prometió neutralidad, y afirmó que el sistema es "globalmente neutral".

Críticas de Aznar

De todos modos, Amigo tampoco se cerró las puertas del todo y señaló que el Gobierno "ha realizado un gran esfuerzo de aproximación entre las posturas antagónicas que defienden las comunidades" y añadió que "el inicial rechazo a la fórmula no significa que las negociaciones con no continúen".

La reacción del presidente del Partido Popular, José María Aznar, fue de disgusto. Horas después de acabar su reunión el Consejo de Política Fiscal y Financiera, dijo: "Me parece una equivocación del Gobierno". En unas declaraciones a Antena 3 Televisión, Aznar destacó que pensaba, en primer lugar, que era un error, y que la financiación autonómica se resintiría por ello.

"Y en segundo lugar", añadió Aznar, "me parece una equivocación del Gobierno, que ha roto el principio básico sobre el que ha sustentado el desarrollo de las autonomías, que es el principio del consenso institucional. Me parecen, por tanto, dos equivocaciones".

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