El Gobierno incentivara la movilidad geográfica y funcional de funcionarios
Movilidad geográfica y funcional, jubilaciones anticipadas y más rigor en las excedencias son los ejes de la reforma de la función pública que el Gobierno ha expuesto a los agentes sociales en la negociación del pacto social por el empleo. Todo ello es necesario para modificar "las estructuras organizativas y los puestos de trabajo" en la Administración y hacerla más eficaz, según el documento entregado por el Ejecutivo.
Los incentivos a la movilidad pretenden facilitar la reasignación de funcionarios que resulte de la modificación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo. Tal reasignación llevará a suprimir aquellas tareas que no se consideren ya necesarias.Cuando un funcionario vea suprimido su puesto de trabajo, según el documento del Gobierno, "podrá ser destinado a otro". Para ello se tendrá en cuenta su aptitud, formación, experiencia y antigüedad. El Gobierno quiere que el nombramiento para el nuevo puesto tenga carácter definitivo.
Cambio de provincia. En ese caso, tendrá derecho a cobrar los gastos de viaje, una indemnización de tres dietas por cada miembro de la familia que se traslade, al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, y a percibir tres mensualidades de las que se excluiría el complemento de productividad cuando se produzca el traslado. Ese cambio de provincia será, en cualquier caso, voluntario.
Reasignación de efectivos. La recolocación de funcionarios que vean suprimido su puesto de trabajo se realizará en tres fases. En la primera, el ministerio al que estaba adscrito el funcionario le buscará, en seis meses, una nueva plaza. Ésta tendrá carácter obligatorio para el funcionario si es en la misma localidad y voluntario si es en otra. En cualquier caso, el funcionario seguirá cobrando la retribución de su antiguo puesto. Cuando el ministerio en cuestión no consiga recolocar al funcionario, Administraciones Públicas (MAP) intentará -en tres meses- buscarle una plaza en otros ministerios y organismos autónomos, con las mismas condiciones que en la primera opción. Cuando ni el ministerio ni el MAP logren recolocarlo, el funcionario quedará en expectativa de destino.
Expectativa de destino. El tiempo máximo en el que un funcionario podrá estar en expectativa de destino será de un año, transcurrido el cual pasará a excedencia forzosa -dónde cobrará el sueldo base- y, si no busca la reincorporación, su excedencia se transformará con el tiempo en voluntaria, es decir, no cobrará nada. Durante el tiempo de expectativa de destino el funcionario estará obligado a "participar en los concursos convocados para puestos de su categoría, destinos o cursos de reciclaje".
Excedencia voluntaria. En la actualidad los funcionarios pueden pedir la excedencia voluntaria por un mínimo de dos años y un máximo de 10. El Ejecutivo pretende eliminar el límite máximo e impedir que, en excedencia, se desempeñen trabajos en el sector público.
Jubilaciones anticipadas. Los funcionarios mayores afectados por la reasignación podrán jubilarse a los 60 años, si tienen más de 15 de servicio. Para el cálculo de la pensión, se computará como si hubieran trabajado hasta los 65 años. Además, tendrán derecho a una indemnización. Los mayores de 60 años que prefieran reducir su jornada podrán hacerlo con la proporcional reducción de salario.
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