Sanidad limitará los tratamientos del Seguro

En noviembre estará listo el catálogo de todos los servicios y prestaciones actuales de la sanidad pública con sus precios correspondientes. Se trata de un primer instrumento para establecer un sistema de financiación selectiva de tratamientos, igual que el recientemente decretado para las medicinas. Según dijo ayer el subsecretario de Sanidad, José Conde, los criterios para la inclusión o exclusión de una terapia serán: "Eficacia clínicamente probada, relevancia individual y social y carácter auténticamente sanitario". La fecundación asistida y el aborto podrían salir del sistema.

La voluntad de contener urgentemente el gasto sanitario hizo que ayer todo el protagonismo del Consejo Interterritorial de Salud fuera para el proyecto de "definir y delimitar el ámbito de protección" del Sistema Nacional de Salud. En la práctica es conocer el número y características de los servicios que ofrece la sanidad pública y decidir que se paga y que no."La indefinición actual ha dado lugar a desigualdades. Ha permitido en algún caso la inclusión de prestaciones de eficacia clínica no probada o utilidad social marginal, así como de otras que no tienen carácter sanitario", justificó Conde.

En la actualidad la sanidad pública cubre todos los tratamientos posibles con los últimos avances de la medicina: desde un trasplante de corazón, hasta una operación de juanetes. Esta última intervención cuesta unas 100.000 pesetas y en mayo de 1992 había acumumulado una lista de espera sólo en Madrid de 426 personas.

Vacío legal

Conde reconoció que existe un vacío legal sobre la adopción de nuevos tratamientos. "En el legítimo desarrollo de la voluntad innovadora se anuncian actuaciones sanitarias que se incorporan de forma espontánea y con la misma naturalidad desaparecen", dijo Conde, "Hay que corregir el espontaneísmo", enfatizó.El primer paso de este proyecto será la elaboración de un catálogo de prestaciones con los precios correspondientes de cada una, a cargo de una comisión con representación de todas las autonomías, que prevé tenerlo listo en dos meses. "Una vez definidas, establecer las que van a ser financiadas públicamente", prosiguió Conde. El tercero consistirá en estipular, mediante una ley, los criterios básicos que harán financiable o no un tratamiento, según explicó el subsecretario.

A priori, la filosofía de estos principios de inclusión o exclusión son semejantes a los ya establecidos para la financiación pública de medicamentos: su eficacia y utilidad social. Aquí no habrá listas negativas, insistió Conde. "En todo caso positivas". Los responsables del ministerio guardan absoluto mutismo sobre aquellos tratamientos que podrían salir de la Seguridad Social, entre los que los anteriores ministros de Sanidad barajaban la fecundación asistida y el aborto. Lo que sí tienen claro cuando hablan de restringir prestaciones es que éstas no sean "auténticamente sanitarias". Se refieren a la asistencia de enfermos crónicos y ancianos, que, a juicio de la Administración sanitaria, tiene más carácter social y por tanto compete a otros ministerios.

La solución, aún no avanzada, podría estar en el traspaso de estas competencias a Asuntos Sociales con sus presupuestos correspondientes, o bien en la utilización por parte de Sanidad de los recursos del Inserso.

Sin embargo el número de internos que ya han desarrollado el sida ha aumentado de 220 a 450 en la actualidad. A juicio de Asunción, el descenso en el ingreso de seropositivos se debe a un "cambio en el hábito de conducta de los drogodependientes" que se estarían administrando la droga por vías diferentes a la intravenosa.

El aumento de candidatos a tratamiento está justificado en parte por el desarrollo del sida en todas aquellas personas que se infectaron en la década de los 80 y que hoy representan el 70% de los afectados por el sida en las prisiones españolas, según Asunción.

En cuanto a tratamientos nos ha llegado a decir que se, siente satisfecha porque, al menos, no decrecen", comentó el consejero de Castilla y León, José Manuel Fernández Santos.

El Secretario General de Salud, Jesús Gutiérrez Morlote, propuso una serie de medidas orientadas a dar una mayor flexibilidad presupuestaria a los hospitales. Está previsto establecer una caja propia en los hospitales para recaudar directamente algunos conceptos que hasta ahora iban a la Tesorería de la Seguridad Social. Entre ellas el cobro de la asistencia sanitaria a cargo aseguradoras de automóviles.

En un documento aún no hecho público por el ministerio se barajaba la posibilidad de íncrementar en un 50% el precio de estos servicios. Los hospitales también podrán cobrar por los trabajos de investigación que realizan en colaboración con entidades privadas, como ya sucede con la Universidad.