30 vecinos tienen que desalojar sus casas al derrumbarse parte de la pared

A la una de la tarde, frente al número 27 de la calle de Blasco de Garay, en el barrio de Argüelles, todo eran escombros y excusas. Los primeros provenían de la pared del inmueble, pegada a un solar perforado por la compañía Itarde. Se acababa de caer y había provocado el desalojo inmediato de 30 vecinos que abandonaban sus 14 pisos. Y las excusas, entre bomberos y policías, provenían de todos los implicados en la obra.

Los vecinos culpaban a la constructora y al Ayuntamiento, que permitió las obras; la constructora alegaba que cumplió lo que le ordenaron los arquitectos de la inmobiliaria; los arquitectos no querían hablar, y el Ayuntamiento dijo que el juez sentenciará quién ha sido el culpable de lo que pudo acabar como una catástrofe irreversible.El arquitecto del departamento de Edificación Deficiente, Carlos Molina, dejó bien sentado que el Ayuntamiento había autorizado las obras y no las había paralizado, a pesar de la demanda interpuesta por los vecinos, porque, en las condiciones en que se autorizaron, jamás hubieran provocado el derrumbamiento. Añadió que el juez se encargaría de aclarar de quién eran las responsabilidades.

Molina aseguró que en dos o tres semanas los vecinos podrían volver a habitar sus hogares, pero mientras tanto se debía apuntalar bien las paredes y afianzar los cimientos. Mientras Molina atendía a la prensa, una excavadora apartaba los ladrillos que cayeron del edificio.

Fuentes municipales indicaron que el Ayuntamiento había ordenado la rehabilitación del inmueble a los vecinos en enero de 1992. Entonces contrataron a unos arquitectos que no pudieron acometer las obras porque, según afirmaron, uno de los inquilinos no permitía la entrada en su almacén de fontanería. José Pérez, el dueño del almacén, desmintió ese extremo. "A mí me avisaron en agosto, y yo estaba de vacaciones. ¿Por qué me iba yo a negar a que reparasen esto".

De cualquier forma, la rehabilitación en la casa no se ejecutó nunca, mientras que la inmobiliaria Itarde conseguía la licencia de obras hace seis meses para edificar en el solar anexo. Itarde ha empleado seis meses en afrontar las primeras obras de vaciado, que comenzaron hace una semana.

Mantener el anonimato

El abogado representante de la comunidad de vecinos, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que el Ayuntamiento había podido incurrir en desidia, por permitir la obra, y la inmobiliaria en imprudencia.Los arquitectos que había contratado la comunidad de vecinos para rehabilitar el edificio optaron también por mantener el anonimato cuando informaron de que la obra de Itarde había sido denunciada ante el Colegio de Arquitectos porque, entre otras cosas, había excavado en los cimientos un metro más de lo permitido, según la comunidad.

El representante de Construcciones Beltrán, que también ocultó su nombre, dijo que su empresa se limitó a cumplir lo que le ordenaron los arquitectos de Itarde, y éstos, que llegaron en el momento en que hablaba el responsable de la constructora, decidieron callarse.

"Además", añadió el constructor, "nuestra máquina sólo llevaba una semana en la obra y no trabajaba hoy".

José Pérez, propietario del almacén de fontanería, indicó que la excavadora de Construcciones Beltrán se había retirado poco antes de darse cuenta de que la pared se vendría abajo. Pérez valoró su material, que quedaba al aire libre, en ocho o diez millones de pesetas. "Y no sé dónde meter todo eso".

Las calles aledañas quedaron cortadas durante horas mientras los bomberos y técnicos municipales iniciaban la retirada de escombros y los trabajadores sociales asignaban habitaciones a los vecinos en el hostal Galileo.

Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de la inmobiliaria Itarde.