Andalucía se rebela a última hora contra el IRPF
Cinco comunidades autónomas discrepan de la fórmula de cesión planteada por el Gobierno
![Luis R. Aizpeolea](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff032c279-3573-47a5-a57d-a7b6f47e9b37.png?auth=52e2cc61bf66c3e2879814e3c93a226021616ea94cf5743439c78732fc137c24&width=100&height=100&smart=true)
La cesión del 15% del IRPF a las comunidades sufrió ayer un inesperado traspié. A menos de 24 horas de la reunión del Consejo de Política Fiscal, de la que debe salir un acuerdo definitivo, Andalucía se sumó ayer al grupo de comunidades disidentes. Con ella son cinco las regiones que mantienen una actitud de rechazo a la fórmula propuesta por el Gobierno. Esta falta de consenso, junto a los persistentes recelos del PNV y CiU en sus negociaciones con el PSOE, parece abocar al Gobierno a llevar en solitario al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado para 1994, que seran aprobados mañana por el Consejo de Ministros. El presidente del grupo socialista, Carlos Solchaga, admitió ayer tal posibilidad y descartó una prórroga de los presupuestos de 1993.
La oposición de Andalucía a la oferta de cesión del 15% del IRPF ha sido una sorpresa. Se esperaba que las mayores discrepancias en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada para hoy, vendrían por parte del consejero Hacienda de la Generalitat Cataluña y responsable de CiU Maciá Alavedra, quien ha anticipado que no acepta "el documento de síntesis" elaborado por el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles. Pero a última hora de ayer, el socialista Manuel Chaves se sumó a las comunidades disconformes -Cataluña y las gobernadas por el PP: Galicia, Baleares, Castilla y León-Aun así, la mayor preocupación del Gobierno se debe a la actitud de los nacionalistas catalanes, que condicionan su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a un acuerdo previo en la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, según ratificó ayer mismo el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Pujol permanecía todavía a la espera de una respuesta de última hora por parte de su interlocutor. "Estas cosas se negocian con discreción, que es como hay que negociar, sin alboroto", dijo.
La misma línea de diálogo con el Ministerio de Hacienda estaba abierta con las restantes comunidades con posiciones más conflictivas ante la cesión del 15% del IRPF. Andalucía -gobernada por el socialista Manuel Chaves-, alega que la fórmula propuesta por el Gobierno "no respeta la neutralidad". Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura -otra región socialista-, aunque ha depuesto su actitud beligerante, mantiene todavía ciertas reservas. Y las comunidades gestionadas por el PP han anticipado que su voto en la reunión de hoy no será a favor, aunque tampoco en contra. Canarias votará a favor a cambio de compensaciones, según su presidente, Manuel Hermoso.Revisión trianual
El consejero de la Generalitat de Cataluña, Maciá Alavedra, mantuvo ayer firme su posición en favor de la revisión trianual del IRPF y desechó la propuesta intermedia del secretario de Estado de Hacienda. Esta posición intermedia es precisamente la que ha llevado a descolgarse del acuerdo al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner. "Es muy difícil conciliar los extremos porque los intereses de unas comunidades y otras son contradictorios. Se da incluso la circunstancia de que los Gobiernos de Galicia. y Baleares pueden aprobar más fácilmente la solución intermedia, pese a la oposición manifestada por su partido, el PP", manifestó un alto cargo del Gobierno vinculado a la negociación.
Ante la dificultad del acuerdo, no se descarta la posibilidad de una posterior convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras la reunión de hoy. Esa posibilidad era admitida también por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Solchaga, quien, pese a todo, sigue prefiriendo un Gobierno de coalición. Según Solchaga, el PSOE aspira a gobernar con CiU y el PNV, y considera "más que improbable" que lo haga con Izquierda Unida. El Partido Popular está totalmente descartado.
Sin esperar a que esta incógnita se resuelva, el Gobierno aprobará mañana los Presupuestos del Estado de 1994, pese a no contar con el apoyo explícito de CiU y PNV. Solchaga lo admitió ayer y expresó su confianza de que, en todo caso, los nacionalistas den su apoyo a los presupuestos Posteriormente, durante el trámite parlamentario.
El portavoz socialista dio a entender que el acuerdo presupuestario con los nacionalistas es "muy amplio" y que los problemas están en otros frentes. En el caso de CiU, en la cesión del 15% del IRPF, y en el del PNV, en las negociaciones sobre transferencias. Pero fue rotundo al afirmar que "el Gobierno no concibe la posibilidad de una prórroga presupuestaria más que con una disolución de las Cortes".Negociación muy lenta
Las negociaciones con el PNV, en materia de traspasos de competencias marchan "muy lentas". El martes por la noche, el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y el consejero vasco de Presidencia, Joseba Zubía, no consiguieron siquiera aclarar los 54 traspasos de competencias que el Gobierno autónomo reclama.
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, admitió ayer que la política industrial se ha convertido en el principal punto de divergencia entre el PNV y el Gobierno central. "Igual que un buen padre de familia vende patrimonio si es necesario para sacar adelante a su hijo, eso mismo debe hacer el Gobierno", comentó en demanda de un cambió de política industrial.
El PNV pretende condicionar su apoyo a los presupuestos, con cuyas líneas básicas está de acuerdo, a un "compromiso político" sobre los 54 traspasos de competencias, según aseguran fuentes nacionalistas. "Lo que queremos es un acuerdo global con el Gobierno en su política económica y autonómica".
Arzalluz también mostró su enfado por el recurso del Gobierno contra la concesión de vacaciones fiscales a las nuevas empresas que se instalen en el País Vasco. Ello, a pesar de que el ministro de Economía, Pedro Solbes, no descartó ayer en el Congreso la posibilidad de que el conflicto se resuelva modificándose la normativa nacional y no la vasca.
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