El Gobierno ofrece una batería de ayudas fiscales para crear empleo, que rechazan patronal y sindicatos

El Gobierno expuso ayer a sindicatos y patronal las líneas maestras de una batería de medidas de bonificación fiscal -entre las que destacan las vacaciones fiscales- como oferta de política activa para crear empleo. La patronal CEOE y los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, acogieron la propuesta con la más absoluta frialdad. La CEOE calificó de "insuficientes", "irrelevantes" y "raquíticos" los incentivos fiscales que ofrece el Gobierno. UGT y CC OO, mientras, criticaron con dureza lo que consideran "el coste del pacto político" con nacionalistas catalanes y vascos, "que se va a pagar con recortes al Estado del bienestar y a las rentas de los trabajadores".

El desencuentro que Gobierno y agentes sociales tuvieron en la tarde de ayer al discutir la política "activa" para crear empleo se suma a la falta de acuerdo en los otros grandes temas tratados este mes. Uno de ellos, los salarios de los funcionarios, se analizó por última vez durante la mañana. El ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, dejó claro a los sindicatos que los sueldos de los funcionarios quedarán congelados salvo que se logre un pacto de rentas. Los Presupuestos Generales del Estado de 1994, que el Gobierno presentará en el Parlamento el próximo día 30, recogerán la congelación, pero el Ejecutivo aceptará revisarla si se logra ese pacto de rentas.La primacía del pacto de rentas fue contestada ayer por las centrales sindicales, quienes mostraron su decepción por la precisión" en el diseño de los recortes sociales" y la "total imprecisión" en las "exigencias" que se impone el Gobierno y traslada a la patronal para crear empleo. La batería de incentivos fiscales que ofreció ayer el Ejecutivo (ver cuadro) sólo garantizan -en opinión de las centrales- que "las empresas pagarán menos impuestos sin someterse a nigún compromiso de creación de empleo".

Pero el Gobierno no sólo se encontró ayer con el rechazo sindical a los incentivos fiscales; la patronal, además, tildó el paquete de "poco incentivador de la inversión y el empleo". Las vacaciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas -la estrella de la batería de medidas que el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, trasladó a los agentes sociales- recibió la siguiente respuesta del vicepresidente de la patronal, Arturo Gil: "Nos parece grave que se discrimine a favor de las empresas de nueva creación respecto a las que ya hoy están sufriendo los efectos de la crisis".

En opinión de la patronal, si el Ejecutivo quiere realmente incentivar la inversión y el empleo lo que debe hacer es "aprobar una regularización de balances y una sustitución parcial de las cotizaciones sociales por impuestos indirectos como el IVA", porque -según Arturo Gil- "en una situación de emergencia, lo que hacen falta son medidas de emergencia".

Los sindicatos, mientras, creen que este rechazo patronal es una muestra de "que siempre quieren más a cambio de nada". Además, las centrales creen que las propuestas que les trasladó ayer -verbalmente- Alfredo Pastor es un resumen de acuerdos alcanzados en el otro pacto: las negociaciones que el grupo socialista mantiene con Convergéncia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco sobre los presupuestos.

"Este es un paquete de desfiscalización que corresponde a compromisos adquiridos fuera de esta mesa y que se van a pagar con recortes en el gasto social", aseguró Apolinar Rodríguez, de UGT. José María Fidalgo, de CC OO, mientras, mostró su disgusto por "la opacidad con la que se están cociendo los presupuestos en el pacto político, que contrasta con la transparencia con la que -sin numeros- se está negociando un pacto social".

Un número que sí está claro, mientras no haya pacto de rentas, es la nula subida salarial para los empleados públicos. Tanto CC OO, como UGT y CSIF están dispuestos a aceptar moderación salarial en 1994, siempre que se recupere el poder adquisitivo en años siguientes. Subsisten algunas discrepancias, pues UGT y CC OO quieren un pacto plurianual, mientras que CSIF lo rechaza.