Cuentas opacas

A LA Administración, con demasiada frecuencia, no le salen las cuentas. No calcularon el impacto de la renovación catastral y tuvieron que dar marcha atrás. Bajaron las retenciones del IRPF y a mitad del año fiscal tuvieron que corregir la decisión con un aumento. Hace un mes, el Ministerio de Educación anunció una subida de tasas universitarias de un máximo del 12%-14% y la perversa mecánica de la matriculación por créditos ha disparado en un número indeterminado de facultades el coste de la inscripción en más de 100.000 pesetas. Al margen del impreciso número de damníficados, lo que está ocurriendo no es exactamente lo que anunció el ministerio. Hay quien piensa que ha sido un nuevo, inocente pero desastroso, error aritmético, y hay quien está convencido de que se utilizó el engaño estadístico.Dado que en las carreras con nuevos planes de estudio se condensan los antiguos cinco años en cuatro y se aglomeran los créditos -10 horas lectivas- al utilizar se éstos como unidad de pago, la tasa crece por encima del techo anunciado si en un curso se imparten más de 60 créditos. La Administración asegura que pocas facultades exceden de la sesentena de créditos, pero -al margen de esta sospechosa sombra estadística- tampoco subrayó en el decreto de aumento de tasas que iba a producirse esta eventualidad.

Apenas nadie ha discutido la conveniencia de acercar las tasas académicas al coste real del servicio, siempre que esta política sea paralela a una buena dotación y distribución de becas que permitan el acceso a la Universidad de quien se lo merece. Este principio ya quedaba empañado este año por el hecho de que el aumento anunciado de la matriculación era superior a la inflación y no se correspondía con un esfuerzo paralelo en el capítulo de becas. Pero le¡ que puede resultar irritante es la sorprendente factura con que se encuentra estos días un colectivo de estudiantes que, confiados, habían calculado un precio por cursar un año y ahora se encuentran con otro muy superior. Al desbarajuste en muchas economías familiares se suma la convicción de que este aumento no se verá reflejado en la calidad del servicio. Es más, la fijación de los créditos necesarios para estudiar una carrera no presenta en todos los casos suficientes garantías académicas. Algunos gremios departamentales han presionado para que figurara su asignatura en los planes de estudio porque en ello iba la supervivencia de su plantilla. El estudiante puede preguntarse qué necesidad hay de determinadas asignaturas o del despliegue horario de que disfrutan otras. Esta pregunta casi podría ser un triste entretenimiento intelectual si no resultara que estos enjuagues académicos ahora tienen un rotundo reflejo en la factura que presenta la Universidad a sus estudiantes cuando pasan por la ventanilla de las matrículas.

Por esta misma razón, cursar una misma carrera en el llamado territorio MEC (dependiente del Ministerio de Educación) en una universidad u otra va a costar distinto en función de que la universidad haya o no aplicado la reforma y del número de créditos del plan de estudios. Lo paradójico del caso es que esta diferencia de precio no se corresponde con la calidad de la oferta universitaria de cada centro, sino que depende de esta nueva matemática de tasas que tanto parece haber sorprendido' al propio ministerio. En algunas comunidades autónomas con competencias en la materia, la situación se planteó, sin tanta crudeza, el año pasado.

Alguna autoridad académica argumenta que el problema radica este curso en que lo que antes se pagaba en cinco años, ahora debe pagarse en cuatro, al acortarse la carrera. Podría ser un buen argumento si desde el principio la Administración hubiera sido veraz al explicar las tarifas que regirían este año. Al no haberlo sido, palidecen todos los argumentos frente a esta chapuza, bastante cara para un colectivo de consumidores universitarios. Cuando empezó a trascender el problema, el ministerio intentó localizarlo en unas pocas facultades y propuso soluciones individuales: la devolución de una parte del dinero a unos 3.000 estudiantes. Si el aumento no es culpa de una supuesta voracidad recaudatoria de las universidades, sino conclusión lógica de aplicar un mecanismo de cálculo sobre unos planes de estudio aprobados por la autoridad competente, no caben remedios individuales, sino la corrección del mecanismo.