Precios y carburantes

HA LLEGADO el momento de clarificar si la desregularización del sector petrolero español es en beneficio del consumidor o de otros intereses. Ha habido que esperar a que la amenaza de huelga en el transporte de mercancías por carretera pendiera sobre toda España para que en el seno del Gobierno se haya cuestionado si la conducta de las empresas petroleras españolas, puesta en tela de juicio desde la propia Comisión Europea, se atiene a las reglas de la competencia. Pero nunca es tarde. Elementos hay, y así lo ha expuesto el Ministerio de Transportes, para sospechar que las refineras realizan prácticas colusorias en el precio al que venden los carburantes a los consumidores. ¿Evidencias?, las tendrá que encontrar y de mostrar el Tribunal de Defensa de la Competencia, al que Transportes ha solicitado la correspondiente investigación.En España existe un sistema de precios máximos de los carburantes, admitido en la Comunidad, según el cual el Gobierno fija cada semana un precio antes de impuestos de acuerdo con la media de seis países (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido) y los precios de los mercados internacionales de Rotterdam y Génova. A la media resultante se le añaden dos pesetas y, posteriormente, los impuestos (el especial y el 15% de IVA). Dentro de este marco, las empresas pueden fijar libremente los precios de venta al público, pero siempre, claro está, por debajo del tope máximo.

Ésta es la teoría. Pero en un mercado dominado en un 90% por tres empresas -Repsol, CEPSA (participada por la francesa Elf) y BP Oil España- la teoría puede ser ignorada. Desde que, a principios de año, las empresas distribuidoras comenzaron a fijar ellas mismas los precios, éstos han sido iguales en los distintos puntos de venta (las diferencias raramente han sobrepasado los 10 céntimos entre distintos operadores). Además, esos precios se han aproximado al máximo permitido, siendo en la actualidad idénticos. Las quejas se han producido desde principio de año, pero el problema se ha planteado con virulencia el pasado mes de agosto con la subida del impuesto especial de carburante. Los transportistas reaccionaron con anuncios de huelgas si no se les subvencionaba el precio, y Transportes se vio obligado a mediar para que la huelga se desconvocara a cambio de la investigación al Tribunal de la Competencia.

En todo caso, sean cuales sean los reproches que puedan hacerse al sistema de precios máximos, a medio camino entre el único y el plenamente libre, lo cierto es que dicho sistema ha producido, en mayor o menor medida, la apertura a la competencia en este sector. El problema es que, hasta ahora, sólo se manifiesta en las ventas directas a grandes consumidores, en las que los operadores llegan a hacer descuentos de hasta el 25%. Esa competencia no se refleja en las ventas en gasolineras, a pequeños consumidores.

Al final, el pequeño consumidor es el principal pagano. Lo importante, por tanto, es saber si es cierto que las empresas se ponen de acuerdo para fijar los precios lo más alto posible. Las empresas aseguran que no, aunque los hechos demuestran que los precios coinciden. Las empresas buscan la máxima rentabilidad, y están en su legítimo derecho. Además cumplen con la ley al no rebasar los precios máximos. Pero otra cosa es que se confabulen para ello. Por eso es obligado despejar las dudas existentes y que el Gobierno facilite el arreglo del contencioso surgido con los transportistas, y ello, obviamente, con el propósito de establecer el marco comercial más beneficioso para el grueso de los consumidores y no sólo para los privilegiados del sector. Si España, además de ser uno de los países con carburante -los impuestos son de los más bajos- más barato de la CE, da ejemplo de competencia, mejor que mejor.