La fiscalía se querella por apropiación indebida contra varios directivos de Trabajos Penitenciarios

Miles de zapatos comprados a más del doble de su precio real, falsas facturas de muchos millones de pesetas, una oscura trama empresarial creada para elevar los precios de productos destinados a los talleres de los presos, expolio de maquinaria pública... Son algunas de las graves irregularidades descubiertas por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la gestión de quienes hasta el año pasado buscaban trabajo a los reclusos y vendían su producción.

La fiscalía presentó hace unas semanas una querella contra casi todos los anteriores directivos del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios: el ex gerente, Rafael Martínez Torrecilla; el contable, Javier Serrano Ibáñez; el jefe del servicio de comercial, Carlos Romero Delgado; el jefe de la sección de compras, José Antonio Rodríguez Pena, y el maestro de taller, Eduardo Cortés.La querella, que incluye presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documentos, negociaciones prohibidas para funcionarios y apropiación indebida, va dirigida también contra Sagrario Pinilla y Rodolfo Carrillo Martín, presuntos testaferros del entramado empresarial. Pinilla es cuñada de Javier Serrano.

No especifica la fiscalía la cantidad que presuntamente se han apropiado algunos de los querellados, pero fuentes de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios han calculado que puede acercarse a 200 millones. La fiscalía sostiene que la trama fue urdida (directamente o por omisión) por todos los querellados, aunque el grado de imputabilidad es variable.

Empresas falsas

"Las falsas empresas concebidas y creadas" por los implicados son: Sagramóbel, Cajara, Grafymax, Rodolcar, Rodolsa, Edyma, Distribuciones M-3 y Maderas y Embalajes Mozo.

La acusación pública sostiene que "los querellados utilizaron estas empresas como intermediarias en las relaciones comerciales entre el organismo autónomo [Trabajos Penitenciarios], sus clientes y sus proveedores". ¿Con qué fin? "Elevar los precios de los productos o materias primas" y lucrarse personalmente con "la diferencia" entre el precio real y el simulado.

La fiscalía se refiere a Rafael Martínez Torrecilla como "el gerente" y a los otros directivos como "sus secuaces". Y detalla al menos 15 fechorías cometidas en los dos últimos años. Atribuye "al gerente" haber encargado en mayo de 1992 a la empresa Sagramóbel (de la que es accionista Sagrario Pinilla, cuñada de su compañero profesional Javier Serrano) la compra de material mobiliario para las cárceles por valor de casi 200 millones de pesetas. Se compró este material, "innecesario e inútil", según el fiscal, "sin la concurrencia de otras empresas ni publicidad". El proveedor real de este mobiliario era la firma Issa, Mobiliario de Oficinas, y Cabufer. El pago de los 200 millones de pesetas se canalizó a través de otra de las "falsas empresas" del entramado: Cajara, SL.

La fiscalía concluye: "La actividad desplegada por Rafael Martínez, Javier Serrano, Eduardo Cortés, Rosario Pinilla y Rodolfo Carrillo no habría sido posible sin la vejación, prácticamente total, de las funciones que le incumben a José Antonio Rodríguez Pena Gefe de la sección de compras)".