IU pide que los solicitantes de asilo dispongan de abogado de oficio en la frontera española

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quiere que la reforma de la Ley de Asilo, de 1984, promovida por el Gobierno, incluya el derecho a recurrir a los tribunales cuando sea inadmitida a trámite la solicitud de refugio. Esta propuesta forma parte de una enmienda a la totalidad del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. La coalición propone que quienes soliciten refugio en suelo español dispongan, desde el primer momento e incluso para la formulación de su solicitud de asilo, de la asistencia de un abogado y de un intérprete.

Ese proyecto incorpora va rías de las propuestas presentadas en forma de enmienda, algunas de ellas promovidas por IU, al proyecto que presentó el Ejecutivo en noviembre de 1992. La enmienda a la totalidad, con texto alternativo al del Gobierno, incluye las "razones humanitarias" como una de las justificaciones para conceder el asilo.El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya impone un plazo de cinco días para que el Delegado del Gobierno en cada comunidad deniegue la admisión de las solicitidudes de asilo. IU incluye en su enmienda al proyecto del Gobierno el derecho a presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de cada región, que dispondría de un plazo de diez días para emitir sentencia.

La mera presentación del recurso permitiría al refugiado su permanencia provisional en España, en unas dependencias bajo control, aunque no de carácter carcelario. Si transcurridos veinte días el tribunal no hubiera resuelto el recurso, el solicitante de asilo quedaría en libertad, según la propuesta de IU.

"La denegación de la condición de refugiado", señala Izquierda Unida, "no implicará la expulsión del solicitante, quien estará en las mismas condiciones que otro extranjero para obtener autorización de residencia y de trabajo".

El portavoz adjunto de IU, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y especialista en derecho de asilo, ha declarado que la regulación de ese derecho establecida en 1984 es "bastante buena, pero los problemas de la creciente inmigración por motivos económicos no pueden redundar en un recorte de los derechos humanos de quienes huyen de su país por motivos políticos, raciales o religiosos".