Un juez cita a Pinto Fontán para declarar como imputado en una estafa inmobiliaria

La justicia va a pedir explicaciones al constructor José Luis Pinto Fontán (que se apellida Gómez Pinto desde 1987) por primera vez en más de 10 años. El juez David Cubero ha citado a declarar el día 20 al hombre que dejó empantanada en los años setenta la urbanización Nuevo Versalles y que sigue sembrando deudas con nuevos negocios, en los que ya no figura oficialmente. El magistrado le cita ahora como imputado para esclarecer una supuesta estafa cometida por la empresa Aravaca-Somosaguas, en la que figuran sus habituales hombres de confianza.

La comparecencia como Imputado significa que Pinto Fontán deberá acudir asistido por un abogado, para que su declaración se considere válida y pueda ser utilizada en su contra en caso de que el juez advierta en ella una eventual responsabilidad criminal, informa José Antonio Hernández.En las diligencias efectuadas hasta ahora por el titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, el diputado socialista José María Mohedano -que ha venido ases orando a Pinto Fontán desde 1974 asistió como letrado a Celso Pastor Gaitero, contable y consejero de la empresa, quien declaró el pasado 20 de abril. En el proceso aparecen como inculpados también, entre otras personas, cuatro apoderados de La Caixa, entidad que financió parte de la urbanización a la que se refiere la querella (Las Terrazas de Aravaca).

El nombre de Gómez Pinto o Pinto Fontán no aparece en los documentos, y las responsabilidades civiles o penales derivadas de las actuaciones de sus empresas recaen siempre en testaferros. Esta vez tampoco existen papeles que le señalen, pero dos de sus antiguos hombres de confianza, acusados en el proceso, se han rebelado. El ex gerente de Aravaca-Somosaguas, Antonio Díaz Jara, declaró al juez que Pinto Fontán es el auténtico dueño de Aravaca-Somosaguas y quien tomaba las decisiones en la empresa.

Cambios en la hipoteca

Asimismo, el juez Cubero tomará declaración hoy, en calidad de testigo, a José Manuel O'Connor de la Oliva, consejero de Aravaca-Somosaguas y relacionado con las empresas de Pinto Fontán desde finales de los años setenta.La acusación contra Aravaca-Somosaguas y La Caixa se refiere a la venta de varias viviendas en la urbanización Las Terrazas de Aravaca. Los compradores -PYOMPSA, una pequeña empresa familiar- acordaron pagar 110 millones de pesetas por tres pisos, dos plazas de garaje y dos trasteros, de los que ya han desembolsado más de 50 millones. El resto del dinero corresponde a una hipoteca que Aravaca-Somosaguas suscribió con La Caixa en marzo de 1990 y que al final de la obra trasladaría a PYOMPSA (y a cuantos compraron los demás pisos).

Pero -según argumenta la acusación- las condiciones de la hipoteca se cambiaron, de modo que ésta se traspasó a PYOMPSA antes de que se le entregasen los pisos. A partir de que el comprador se hace cargo de la hipoteca, los intereses empiezan a correr de su cuenta, aunque no puedan ocupar las viviendas. PYOMPSA no sólo no ha entrado aún en sus pisos, sino que, además de la hipoteca, debe ya a La Caixa unos 12 millones en intereses.

Las condiciones iniciales del préstamo hipotecario de La Caixa a Aravaca Somosaguas consistían en no entregar un 20% del importe hasta que se rematase la obra. Pero una modificación del contrato entre Aravaca-Somosaguas y La Caixa permitió que la empresa vinculada a Pinto Fontán cobrase ese porcentaje sin haber acabado los edificios. Por tanto, el comprador debía hacerse cargo de la hipoteca y ya no tenía garantizado que los pisos se terminasen con rapidez. Ni siquiera que se terminasen.Curiosamente, una argucia similar le permitió a Pinto Fontán cobrar íntegramente un. crédito contratado con Caja Madrid para otros bloques del mismo complejo inmobiliario. En este caso, Aravaca-Somosaguas recibió el importe total del préstamo hipotecario porque un arquitecto de la entidad financiera certificó como acabados los pisos, cuando en realidad aún estaban por terminar (véase EL PAÍS del pasado día 7 de septiembre).