El Gobierno andaluz destituye a dos altos cargos acusados de falsedad
La Junta de Andalucía destituyó ayer a su viceconsejero de Gobernación, Francisco Paula Molina, y a la secretaria general técnica de ese mismo organismo, Julia Serrano Checa, ambos imputados de falsedad e irregularidades en la adjudicación a la empresa Impiasa de un contrato de seguimiento electoral. Esta causa es una ramificación del caso Ollero.
El portavoz de la Junta, José Nevado, negó que haya relación entre los dos ceses y el caso Impiasa y aseguró que ambos altos cargos habían solicitado su relevo "hace meses" por "motivos personales".
Molina fue acusado por la juez del caso Ollero, Pilar Llorente, de falsedad en documento público e infracciones en el procedimiento para adjudicar, en 1990, las tareas de seguimiento informático de las elecciones autonómicas de ese año. Julia Serrano está acusada de admitir un aval falso de dicha empresa.
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