La crisis sitúa a la Comunidad en estado de alerta por la bajada de ingresos en sus impuestos

La crisis está amordazando la situación financiera de la Comunidad de Madrid en varios frentes. La recaudación por el principal impuesto transferido al Gobierno regional -las transmisiones patrimoniales- ha descendido en lo que va de año un 11,1% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior. El Estado, además, amenaza con un recorte de su aportación y ha incumplido varios plazos en sus pagos. Los cerebros económicos del presidente regional han alertado a los consejeros para que, por el momento, no gasten todo el dinero que tenían presupuestado.

La noticia del ajuste presupuestario ha creado inquietud en varias consejerías. El Gobierno de la Comunidad ha discutido ya el probable recorte que tendrán que aplicar los consejeros en el caso de que los ingresos, finalmente, sean inferiores a las optimistas previsiones de los Presupuestos para 1993.Estas dificultades económicas de la Comunidad coinciden con el debate sobre el nuevo modelo de financiación de las autonomías. El traspaso del 15% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) llegará, si la propuesta del Gobierno central sale adelante, una vez que la Comunidad asuma nuevas competencias en materia educativa y complete la gestión de varios tributos todavía estatales.

En lo que va de año, la Comunidad ha recaudado 33.113 millones de pesetas por el impuesto de transmisiones patrimoniales, el más importante de los ya transferidos. En julio de 1992 se habían ingresado 37.245 millones, un 11,1% más. Los expertos económicos preveían, además, llegar a final de año hasta 73.977 millones, un 20% más que en 1992. La explicación a esta caída se atribuye a que este tributo es especialmente sensible a los ciclos económicos porque en época de crisis las transmisiones patrimoniales disminuyen.

Esto no sucede, sin embargo, con el otro impuesto que recauda ahora la Comunidad. El tributo por sucesiones y donaciones no está tan sujeto a las coyunturas económicas y de hecho su gestión ha reportado un 8,3% más de ingresos hasta el pasado mes de julio.

Los consejeros, reacios

El Gobierno regional ha solicitado, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, la competencia sobre los impuestos de patrimonio y actos jurídicos documentados. Cuando se concedan, sólo faltará gestionar directamente el del juego, que también se reclamará.Varios consejeros de Joaquín Leguina no han aceptado de buen grado las malas noticias transmitidas por los responsables de la Consejería de Hacienda. Pero el presidente regional, al parecer, sí tiene claro que debe haber recortes. El Consejo de Gobierno ha celebrado antes de las vacaciones de verano una reunión en la que se pidió a los consejeros que estableciesen sus prioridades. Todos llegaron con una lista de actuaciones irrenunciables.

Los responsables de la Hacienda regional creen que al final, y como sucede en muchos ejercicios, los propios consejeros aplicarán el tijeretazo y no gastarán todo el dinero que tienen consignado. El nivel de ejecución de los Presupuestos autonómicos está en estos momentos en el 41%.

Fuentes del Gobierno regional han indicado, además, que el ajuste no se planteará en partidas concretas hasta noviembre o diciembre, especialmente para comprobar la cantidad de dinero que se puede dejar de gastar sin grandes traumas.

Ese ahorro forzado, probablemente, no será suficiente. A la bajada de los ingresos se une la amenaza, todavía no consumada, de un recorte en distintos programas de colaboración con varios ministerios, especialmente de inversiones previstas por el Ministerio de Obras Públicas. Otro portavoz reconoció que también afectará el incumplimiento en las previsiones de ingresos desde varios departamentos estatales.

El Insalud, por ejemplo, además de su histórica deuda de 30.000 millones con la Comunidad, debe ahora otros 20.000 de retrasos. La misma situación se puede plantear con el dinero que le llega al Consorcio de Transportes desde el Ministerio de Economía.