Educación pospone una solución para los profesores 'desterrados' de Alcalá

El Ministerio de Educación escuchó por fin a tres de los 65 profesores que desde hace 72 días acampan frente al ministerio, situado en la calle de Alcalá. El director general de personal, Santiago Junoy, les ofertará el jueves un número limitado de plazas a las que acceder por concurso en 1994. Pero los profesores querían una opción de futuro hasta entonces. Para que la entrevista de ayer fuese posible mediaron el diputado y concejal de IU, Franco González, y el delegado del Gobierno, Arsenio Lope Huerta, quien el día 12 desalojó a los desterrados -como se autodenominan- a golpe de ley Corcuera.

La reunión de ayer rompe con la indiferencia que las autoridades ministeriales. han mostrado hasta ahora. Pero los profesores han recibido la oferta de Educación -unas plazas por concurso para 1994, cuyo número se dará a conocer el jueves- como un jarro de agua fría. "No supone ninguna garantía", afirma un portavoz de los profesores, que aspiraban a un puesto en Madrid, en este año, por comisión de servicios.Ayer a mediodía, 15 docentes se habían apostado de nuevo frente a la puerta ministerial que abandonaran el 12 de agosto por orden del delegado del Gobierno. Desde entonces pernoctan unos portales más arriba de la sede de Educación. Un enfrentamiento verbal con los policías antidisturbios que custodiaban ayer el edificio finalizó con el traslado forzoso, efectuado por los agentes, de dos pancartas y un muñeco.

El origen de todos los problemas de estos profesores es una normativa de 1991 que les impide conseguir plaza en Madrid, donde residen sus familias, de las que están separados, sólo porque aprobaron sus oposiciones antes de ese año. El director general de personal les negó ayer rotundamente una plaza en comisión de servicio, pues en la misma situación que ellos, arguyó, hay,400 docentes en España.

Estos profesores desconocen el desánimo. Desde el 21 de junio han aguantado de todo y aprovechado el tiempo. Se reúnen con organizaciones de padres de alumnos y con sindicatos, y UGT ya se ha interesado por ellos. También se han constituido en una asociación legal, la de Profesores Desterrados, registrada hace dos semanas. Finalmente, han denunciado la orden de desalojo de Lope Huerta y al responsable de seguridad del departamento, que, según José Ignacio Vaquero, "no hace más que provocar". Y exhiben orgullosos las más de 10.000 firmas de apoyo que ya han recibido.