ANTONIO GUTIÉRREZ DÍAZ Parlamento Europeo y democracia

La reiterada y justa denuncia del insuficiente poder de control y orientación política que los tratados confieren al Parlamento Europeo (PE), y la exigencia de su plena superación, hacen olvidar a menudo los niveles competenciales ya conseguidos y el ejercicio de responsabilidad que día a día hace esta institución.El Consejo Europeo, en su paradójica doble función de ejecutivo y legislativo, y la Comisión Europea, con su capacidad de gestionar recursos, acaparan la atención de los medios informativos, tanto más cuanto que, en un periodo de crisis como el que estamos viviendo, la atención sobre los aspectos económicos de la Comunidad desplaza del interés de la construcción europea los valores democráticos y de solidaridad social.

No es de extrañar, pues, que la institución del PE se vea desplazada del interés público, su papel infravalorado y sus competencias ignoradas, salvo por los grupos de presión o "lobbies".

Para contribuir a hacer una justa valoración, conviene recordar que el PE se viene moviendo históricamente en dos direcciones fundamentales: por una parte, reclamando y aun exigiendo el pleno protagonismo competencial que debe corresponderle en un funcionamiento rigurosamente democrático de las instituciones de la CE, y, por otra, utilizando las competencias que se han ido consiguiendo como una contribución positiva a la vida comunitaria.

Un ejemplo patente de este hecho lo ofrece el proceso de modificación de los reglamentos de los Fondos Estructurales, en el que el importante papel jugado por el PE ha sido en la práctica ignorado o, incluso, considerado negativamente.

Es preciso recordar que ya fue el PE el que aceptó y aceleró el proceso de aprobación de un instrumento financiero provisional que permitiese utilizar los recursos del nuevo Fondo de Cohesión, que será definitivamente ratificado cuando se aprueben los acuerdos de Maastricht.

El PE, a través del trabajo realizado por su Comisión de Política Regional, impulsó la urgencia en todo este proceso legislativo, midiendo con rigor el número y la calidad de las enmiendas, y ajustó sus exigencias para conseguir un entendimiento con las otras instituciones comunitarias y facilitar así que los cuatros países afectados por estos recursos (Irlanda, Portugal, España y Grecia) pudieran aplicarlos sin demora.

Todo este trabajo ha sido más evidente, si cabe, en la modificación de los reglamentos de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA y IFOP).

El PE -que después de1a aprobación de Maastricht tendrá una mayor competencia legislativa sobre estos reglamentos- accedió a abrir el proceso de modificación utilizando la base jurídica del Acta única y aceptando renunciar momentáneamente a una parte de lo que serán sus competencias futuras para evitar que se retrasase la llegada de las ayudas a las regiones y sectores sociales más desfavorecidos de la Europa comunitaria.

Todas las comisiones directa o indirectamente implicadas, de acuerdo con el presidente del PE, señor Egon Klepsch, negociaron un calendario y un procedimiento en el que la urgencia rozaba los límites de las posibilidades de trabajo parlamentario, pero en el que se introducía un método de concertación con el consejo y la Comisión que reforzaba de hecho el protagonismo del PE.

Estos esfuerzos han permitido que en el plenario de junio pasado se procediera a la votación en primera lectura y que, al mes siguiente, en el plenario de julio, se culminase el proceso con la segunda lectura. Hay que recordar, además, que la votación en ambas lecturas exige la mayoría absoluta y que, por lo tanto, la presencia de eurodiputados en el momento de la votación fue numerosa, así como numerosas fueron las intervenciones en el debate.

Pero, más allá del proceso legislativo propiamente dicho, sería injusto olvidar que la Comisión de Política Regional venía definiendo, tanto en sus debates como en las reuniones con la Comisión y el Tribunal de Cuentas, los objetivos fundamentales de la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales.

Este hecho permitió introducir un diálogo interinstitucional muy positivo, en el que el PE no sólo dejó oír su voz, sino que, fue ampliamente escuchado. También sería injusto silenciar, en este sentido,. la sensibilidad demostrada por el presidente en ejercicio del Consejo, Willy Claes, y por el comisario de Política Regional, Bruce Millan.

En la primera reunión interinstitucional celebrada el 2 de julio, y que tuve el honor de encabezar, quedaron fijados los objetivos fundamentales que, a juicio del PE, debían caracterizar la reforma: prioridad de la política de empleo, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, defensa del medio ambiente en los programas de desarrollo, reforzamiento del papel del PE en la orientación y el control de las políticas estructurales, respeto a las competencias presupuestarias del PE e incorporación de los sectores sociales en la cooperación o 'partenariado".

Una parte importante de estos planteamientos fueron ya incorporados en la posición común del Consejo antes de la segunda lectura, y en la posterior reunión de concertación interinstitucional, el 12 de julio, la firmeza de la delegación del PE permitió alcánzar un acuerdo aceptablemente satisfactorio en los tres objetivos que habían quedado marginados: la incorporación al "partenariado" de los sectores sociales, el respeto pleno a las competencias presupuestarias del PE y el reforzamiento del papel del PE en las políticas estructurales.

Este reforzamiento se concretó en la redacción de un Código de Conducta, firmado conjuntamente por el presidente del PE, Klepsch, y el comisario de Política Regional, Millan, que supone un importante avance en el protagonismo democrático del PE. No hay duda de que la complejidad de los métodos legislativos, por una parte, y la espectacularidad y contundencia de las cifras (141.000 millones de ecus) dificultan la comprensión del notable valor de lo alcanzado políticamente en este proceso.

Pero si queremos construir de verdad una Europa democrática será preciso reconocer que la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales ha representado un paso adelante positivo en la construcción política de la unidad europea, más allá de los 141.000 millones de ecus.

Antonio Gutiérrez Díaz es presidente de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo.