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NO HAY semana que no se incorpore a la ya deteriorada situación de la economía española algún elemento que la agrave o añada factores de incertidumbre. La dramática intensificación de las tensiones en el Sistema Monetario Europeo (SME) y los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) han añadido, básicamente, más desaliento. Ante tales perspectivas no cabe otra reacción inmediata que la que han conseguido los partidos políticos en la oposición: que el Gobierno, y más concretamente su ministro de Economía, comparezca el próximo jueves 5 de agosto ante el Parlamento para informar de la situación y de las posibles propuestas para tratar de solventar los problemas más acuciantes.Previamente, el lunes 2, se celebrará una reunión con los agentes económicos y sociales -integrados ya en las conversaciones por el pacto por el empleo- para explicar en detalle las medidas de choque que, previsiblemente, se adoptarán en el Consejo de Ministros del viernes 6 de agosto. Una semana crucial a la que hay que añadir las decisiones que adopten en Bruselas las reuniones extraordinarias del Comité Monetario y de los ministros de Economía de la CE (Ecofin).

En pocas ocasiones como en la presente se comprueba mejor la imposibilidad de analizar los problemas económicos internos sin hacer permanente referencia al entorno internacional más inmediato. En esta dificil coyuntura hay que añadir a la intensidad de la recesión que afecta a las principales economías europeas el debilitamiento de los mecanismos de coordinación económica y monetaria supranacionales. La situación de extrema precariedad en que está inmerso el SME es el principal exponente. La resistencia del banco central alemán a reducir su tasa de descuento ha puesto sobre la mesa la profunda contradicción que existe en los países miembros de esa disciplina entre el respeto a la misma y la atención a sus economías domésticas.

La vulnerabilidad en que quedó el mecanismo de cambios del SME tras la crisis del pasado septiembre es hoy mucho mayor. Las tensiones que un buen número de monedas europeas experimentaron durante las dos últimas jornadas de la pasada semana no permiten albergar excesivas esperanzas sobre la continuidad del SME, al menos en su configuración actual. De la capacidad de los Gobiernos europeos, en especial de los de Francia y Alemania, para restablecer la estabilidad y renovar los compromisos de coordinación y cooperación monetaria dependerá la vigencia del horizonte de la union económica y monetaria y el normal desarrollo del propio mercado único. De ahí la relevancia de la convocatoria -para hoy domingo- del Ecofin.

Para nuestra economía, la ausencia de un acuerdo tal, o, lo que es peor, la marginación de nuestra moneda del mismo, aumentaría la incertidumbre sobre su evolución, sobre sus perspectivas de estabilidad, y con ella, las dificultades para mantener la atracción sobre los flujos de ahorro exterior necesarios para la financiación de nuestros desequilibrios.

La imprescindible adopción de medidas

Sobre el otro dato importante que se ha incorporado durante esta semana al diagnóstico de la situación de la economía española, las cifras de desempleo, no caben paliativos. La EPA correspondiente al segundo trimestre ha situado en 3.396.700 las personas sin empleo, el 22,25% de la población activa, una tasa superior a cualquiera de las registradas en la pasada década. De los datos de la encuesta se concluye que durante los últimos 12 meses 710.650 personas han pasado a engrosar las filas del paro. Aun cuando se aprecian en el futuro, no sabemos si próximo, ciertos signos de recuperación, estamos inmersos en una situación que requiere algo más que políticas expansivas convencionales para reclamar un acuerdo de rentas que permita, pese al ineludible sacrificio- de poder adquisitivo de los ocupados, propiciar la absorción de parte de ese amplio ejército de parados.La convocatoria del pleno del Congreso es una necesaria, reacción ante un clima de creciente desconfianza en los reflejos de nuestras autoridades, que han dado la impresión de necesitar una transición más dilatada que la que reclama la situación excepcional de la economía. Es obvio que las perspectivas de recuperación no son las transmitidas hace menos. de dos meses por el presidente del Gobierno en plena campana electoral, pero es más grave la desviación en la magnitud de algunos desequilibrios- -el déficit público en especial- cuyo seguimiento y control se supone en las manos del Gobierno. La dosificación de las informaciones a este respecto y los contradictorios mensajes sobre la orientación de la política presupuestaria se han añadido a ese mutismo del que ha venido haciendo gala el Gobierno y, en especial, su vicepresidente, responsable de la política económica. Una actitud que, además de proyectar una sensación de falta de liderazgo, pasividad y divorcio de las inquietudes que, afectan al país, propicia el surgimiento de todo tipo de conjeturas que no favorecen en nada la necesaria recuperación de la deteriorada confianza.

La comparecencia del ministro de Economía tras el Consejo de Ministros del pasado viernes había generado una expectación tanto más justificada cuanto más intensas eran las tensiones registradas en el seno del mecanismo de cambios del SME y, en particular, por nuestra moneda. Pedro Solbes sólo consiguió transmitir su deseo de tener un encuentro durante el fin de semana con los restantes responsables económicos de la CE. Al margen de sus intenciones de proponer la congelación salarial de los- funcionarios y su pretensión por mantener la importancia de la inversión pública en el presupuesto, no es posible deducir cuáles serán las líneas de actuación en la política presupuestaria.

Tampoco parece posible, al menos hasta septiembre, deducir la posibilidad de que exista una política de rentas, núcleo esencial del pacto por el empleo pretendido por el Gobierno. El mantenimiento de la incertidumbre acerca de un acuerdo tal es difícilmente comprensible. ¿Requiere tantas sesiones preparatorias el aceptar que en una situación de tal gravedad como la presente los salarios no superen la inflación prevista? ¿Qué cifra de paro es la requerida para sacrificar las vacaciones de agosto en aras de facilitar un acuerdo como el propuesto? Por muy complejas que sean esas. negociaciones, no es fácil que los agentes económicos y los ciudadanos en general lleguen a comprender que no es posible abordar un método de trabajo que vaya reduciendo incógnitas y obstáculos al agravamiento de la recesión económica y su impacto sobre el empleo.

Si'cuestionable es el método de trabajo propuesto por el Gobierno en esas negociaciones, y la supeditación del resto de las actuaciones básicas a su culminación, no lo es menos la tranquilidad con que el resto de los interlocutores las asume. Una señal distinta, y que muestra una mayor responsabilidad ante los problemas, la ha puesto de manifiesto el secretario general de CC 00 al anunciar su disposición a reanudar el diálogo sin necesidad de interrupción. Entre los que hoy aceptan ese paréntesis vacacional los hay que, paradójicamente, defienden actuaciones prioritariamente expansivas de la actividad económica sin apreciar que el factor que probablemente incide de forma más significativa en la adversidad de la recesión -en sus graves efectos sobre el mercado de trabajo- es precisamente la incertidumbre acerca de la evolución de los costes salariales en los próximos años. No son tiempos de descanso estival entre quienes tienen el deber de explicar por qué no es posible que coexistan tasas negativas de crecimiento de la economía, de aumento del paro y de la inflación, con incrementos salariales superiores al 6%.

El Gobierno debe concretar al máximo el próximo día 5 sus propósitos en los tres frentes esenciales de sus actuaciones: política presupuestaria, tratando de definir sus líneas con carácter plurianual; reformas estructurales, fechadas; y su disposición a retomar urgentemente las conversaciones sobre el pacto por el empleo, dando prioridad al acuerdo sobre rentas. Mantener la desfasada táctica de que quien no propone no se equivoca demostraría una impresentable incompetencia.