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Tribuna:

Elecciones libres en Guinea Ecuatorial

El pasado día 15 de julio el presidente Obiang convocó, mediante un decreto, elecciones legislativas para el próximo 12 de septiembre. Al día siguiente, 12 de los 13 partidos legalizados presentes en Guinea (aparte del partido del Gobierno) daban a conocer su decisión de no participar. La orientación del único partido que dio su aquiescencia a Obiang es sobradamente conocida, puesto que su líder fue el que a finales del pasado año realizó una denuncia pública que llevó a la detención y apaleamiento de más de cien miembros de la oposición. En los últimos días, dos partidos más parecen haberse decidido a cambiar su posición, tentados por la ayuda financiera ofrecida por el Gobierno a los que participen (unos dos millones de pesetas por partido).Hasta el momento, el resto de los partidos se han mantenido firmes en su negativa, han multiplicado los llamamientos al Gobierno de Guinea para que reconsidere la convocatoria, con peticiones tan radicales como reabrir el diálogo o celebrar un debate televisado sobre el tema de las elecciones, y han alertado a la opinión pública internacional sobre las maniobras de Obiang para perpetuarse en el poder. Desde el Gobierno se ha respondido a estas peticiones amenazando a los partidos que finalmente no concurran a las elecciones.

El lapso de tiempo que va desde estos momentos hasta el 12 de septiembre, y en especial hasta el inicio de agosto -momento en que se cierran las posibilidades técnicas de participación-, es crucial para el futuro democrático de Guinea. Por una parte, el Gobierno de Obiang ha lanzado un desafío a la oposición democrática de Guinea y a toda la comunidad internacional, buscando las mejores condiciones para su perpetuación en el poder a través de la realización de unas elecciones fraudulentas. Por otra, las difíciles condiciones en que lucha la oposición democrática en Guinea y la lentitud -quizá por perplejidad- en la respuesta de la comunidad internacional pueden permitir que el proceso iniciado hace tiempo acabe en farsa electoral, a mayor gloria y beneficio del dictador.

Merece la pena repasar brevemente los antecedentes. En marzo de este año, Gobierno y oposición firman el pacto nacional, por el que se determinaba un conjunto de acuerdos, sometidos a la supervisión de una comisión de vigilancia y seguimiento, que debían desembocar en la realización de unas elecciones libres y democráticas. En el curso del proceso, sucesivos informes de expertos destacados por las Naciones Unidas exponen las condiciones para que el proceso electoral pueda considerarse democrático. La Ayuda-memoria (7 de abril) pone el acento en la necesidad de establecer un clima total de respeto a los derechos humanos. El Informe de los consultores electorales (17 de abril) revisa exhaustivamente los requerimientos para que el proceso electoral sea democrático.

En la dramática situación financiera de Guinea Ecuatorial, una de las claves es quién está dispuesto a pagar el proceso. Se constituye una mesa de donantes, presidida por el representante en Guinea del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la participación, entre otros, de España, Francia, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Esta mesa, de acuerdo con los informes previos, adopta un conjunto de cinco puntos que considera garantías mínimas a exigir al Gobierno para considerar el apoyo. Estos puntos consisten en la evaluación por la comisión de seguimiento y vigilancia del grado de cumplimiento del pacto nacional, la revisión del censo electoral, la revisión consensuada de la Ley Electoral, la aceptación de unos plazos electorales acorde con la estimación de los expertos (celebración más de seis meses después de la revisión de la Ley Electoral) y la aceptación de observadores internacionales durante las elecciones.

Pero la mesa queda bloqueada por la falta de respuesta del Gobierno. Sólo el embajador francés, al margen de la mesa, pero sin romper tampoco explícitamente con ella, hace entrega de cierta cantidad de dinero a Obiang. De esta manera, Francia enlaza con una triste tradición que le ha llevado, dentro de este mismo año, a proporcionar a Obiang desde consejo jurídico hasta material y entrenamiento antidisturbios para su guardia. A inicios de julio comienza a percibirse en el ambiente la amenaza de una convocatoria unilateral.

La oposición alega hoy varias razones de peso para no participar. En primer lugar, el clima de inseguridad e intimidación que existe en el país. Una muestra reciente de la continuación de la represión antidemocrática fue la detención y maltrato, a finales de junio, de cuatro trabajadores de la compañía eléctrica Segesa y un funcionario del Ministerio de Industria. Dos de ellos lo fueron como militantes de un partido legalizado; otros dos por fotocopiar La Verdad, único periódico político de Guinea, que se difunde ciclostilado y a través de fotocopias y que es, teóricamente, legal; otro fue detenido acusado como responsable del apagón que dejó sin luz la ciudad tras la entrada de Obiang en la Cámara de Representantes (en Malabo puede haber varios apagones en un solo día). Para entender plenamente el significado de estos hechos es preciso tener en cuenta que sólo son ejemplos de Malabo, donde reina un clima de cierta apertura. Algo que es inexistente en el resto del país, donde los incidentes causados por las autoridades y la seguridad son sencillamente incontables, y a menudo no llegan a conocerse hasta después de mucho tiempo. En palabras del embajador de Estados Unidos, pronunciadas el pasado día 3 de julio: "Es evidente que las fuerzas de seguridad nacional, bajo el liderazgo de sus oficiales de más alta graduación, han cometido virtualmente todos los abusos de los derechos humanos registrados en el país durante el pasado año".

En segundo lugar, que el incumplimiento de los acuerdos contenidos en el pacto nacional ha desembocado en una situación preelectoral sin garantías. En contra de lo acordado, la oposición sigue sin tener acceso a la televisión, utilizada en exclusiva por el Gobierno, y que, debe recordarse, es mantenida y operada por técnicos de la cooperación española. En contra de lo pactado, la revisión del viejo censo electoral (que vio la luz en una operación de censamiento simultáneo de los militantes del entonces partido único gubernamental), se está llevando a cabo en dos semanas, en sólo parte del territorio, utilizando como medio de identificación los carnés del partido gubernamental y sin expedir ningún justificante. En contra de lo previsto, la Ley Electoral permanece intacta, con, por ejemplo, sus cláusulas de control gubernamental de las juntas electorales.

Ante la gravedad de la situación, resulta extraño que hasta este momento todavía no se haya producido en nuestro país ninguna declaración pública procedente de alguna instancia oficial. La persistencia de Obiang en el empeño en conducir a Guinea a una farsa electoral para su perpetuación en el poder constituirá una desgracia para este país, pero también será una fuente de dificultades añadidas a las ya difíciles relaciones políticas y de cooperación de España.

Los asuntos que atañen a esta pequeña república africana, sobre la que España acumula varias responsabilidades (histórica, cultural, política), parecen ser lamentablemente objeto de mucha menos atención que la que podría argumentarse por el reducido tamaño del país y su lejanía geográfica. Buena parte de la responsabilidad reside en la historia de actitudes vacilantes e inhibitorias que los sucesivos Gobiernos españoles han ido acumulando. Sin embargo, la oposición democrática de Guinea, al igual que la mayoría del pueblo, tienen precisamente como principal punto de referencia a la democracia española.

No parece exagerado pedir una actitud enérgica del Gobierno español frente al Gobierno guineano, dando a conocer públicamente la exigencia de las garantías democráticas, y una posición decidida y pública que busque la coordinación de las acciones de la comunidad internacional para intentar su cumplimiento y la realización de unas elecciones verdaderamente libres y democráticas. A la vez, debe considerarse un deber inexcusable la solidaridad moral y material con una oposición democrática que lucha en condiciones verdaderamente duras y difíciles y representa el futuro democrático de Guinea Ecuatorial.

Suscriben este artículo Javier Rupérez Julio Segura, Josune Aguinaga, Carlos Alonso Andión, Adolfo Fernández Marugán, Miguel Mac Veigh, Jordi Jaumandreu, Fernando Oliván, Jaime Pastor y Marisa Urquijo, miembros de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de julio de 1993