El fiscal concluye que ha habido "desorden e irreflexión", pero no delito, en la concesión de pisos municipales

Mariano Fernández, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decretado el archivo de la investigación que abrió a iniciativa propia en marzo pasado sobre el concurso municipal para adjudicar 233 viviendas. El fiscal aseguró ayer a Efe que no había encontrado responsabilidad penal alguna en el proceso, aunque señala que se había producido "tal cúmulo de irregularidades" que, "sin llegar a constituir una palmaria infracción de las normas penales ( ... ), sí constituye ejemplo de gestión desordenada e irreflexiva de los intereses públicos". La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) no ha recibido aún el informe del fiscal.El Ayuntamiento había paralizado la adjudicación de estas viviendas hasta que el fiscal emitiera su opinión sobre el caso, que fue denunciado por el Grupo municipal Socialista en febrero. El PSOE comprobó que entre los agraciados había funcionarios municipales y personas que no cumplían los requisitos exigidos para acceder a los pisos. El gobierno municipal admitió que había 20 expedientes "irregulares" y otros 100 que necesitaban documentación complementaria.

La fiscalía cita, entre las irregularidades, las solicitudes que no tenían la documentación mínima exigida o no cumplían los requisitos de la normativa. El informe resalta que no ha existido uniformidad en los, criterios de selección y considera que "hay gran confusión sobre los expedientes que consideran irregulares" el PSOE e IU. Los socialistas entregaron 233, y 63 la coalición.

El concejal socialista José María de la Riva declaró que "el PSOE no pretendió nunca judicializar el asunto". "Desde el principio hicimos una denuncia política ante las irregularidades encontradas. El fiscal investigó por iniciativa propia y ahora parece que coincide con nosotros".

El PSOE sigue manteniendo que todos los expedientes son irregulares y que los pisos se deberían adjudicar en un nuevo concurso que se acogiera a las nuevas normas de selección que se elaboraron después del escándalo. "Desde el principio pensábamos que aquellas normas iban a traer consecuencias nada racionales y que podrían dar lugar a la adjudicación de viviendas a personas próximas al PP", declaró De la Riva.

Responsabilidad política

El concejal de Izquierda Unida Franco González dijo ayer que, aunque el fiscal considere que no hay responsabilidad penal en el proceso, su partido sigue pensando que "existe una clara responsabilidad política del equipo de gobierno del PP"."No hemos pedido que fuera alguien a la cárcel, pero siempre hemos mantenido que ha habido un cúmulo de irregularidades de las que son culpables el equipo técnico y sus responsables políticos", prosiguió González. "Y eso mismo se deduce del informe del fiscal". Tampoco el PSOE ni IU recibieron ayer el documento del ministerio público.

La mayoría de los adjudicatarios cuyos expedientes están completos recibirán la concesión definitiva de su vivienda en el próximo Consejo de Administración de la EMV, cuya fecha está por determinar.

Sin embargo, un portavoz de los futuros propietarios lamentó el tono del informe fiscal, que "lanza una serie de calificativos de tipo administrativo ajenos al análisis de las posibles responsabilidades penales, que son las que han determinado su intervención". Los adjudicatarios dudan de que el fiscal haya cumplido con los preceptos de la Constitución que establecen que debe "ser especialmente pulcro ante situaciones como ésta, que tienen su efecto político", ya que es garante "de legalidad e imparcialidad".