El responsable oficial de la objeción propone que no se encarcele a los insumisos

Dionisio Llamazares, director general de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia, es partidario de modificar el Código Penal para que los insumisos, que se niegan a cumplir el servicio militar y la prestación sustitutoria, no ingresen en prisión. Llamazares admite que la pena vigente, hasta dos años y cuatro meses de cárcel, es "incoherente" y que muchos jueces no la aplican ante la "percepción social de que no es proporcionada al delito".

El director general de Objeción de Conciencia cree que la insumisión debe ser castigada, pero que "el acento debe ponerse en la inhabilitación [para el acceso a empleos públicos] y no en la privación de libertad". En su opinión, los insumisos que carecen de antecedentes penales no deberían ser condenados a penas de cárcel y, a los que los tengan, habría que darles la oportunidad de sustituir el ingreso en prisión por el cumplimiento de un trabajo social. Llamazares admite que las numerosas sentencias que absuelven a un insumisos o les imponen condenas simbólicas crean alarma social al transmitir la impresión de que existe una ley que no se cumple.Además, el alto cargo de Justicia propone que sólo se castige a los insumisos que muestren "una actitud insolidaria" hacia el resto de la sociedad y no a aquellos que realizan prestaciones sociales, aunque sea al margen de los mecanismos legales establecidos. Algunas de las absoluciones más notorias, como el caso de Iñaki Arredonda, se referían a jóvenes que habían realizado trabajos sociales con carácter altruista, por lo que no se les podía tildar de insolidarios.

La solución sugerida por Llamazares consiste en que el cumplimiento del servicio militar o de la prestación sustitutoria pueda sustituirse por el trabajo voluntario en entidades de interés social reconocidas oficialmente. Esta posibilidad se enmarcaría en la nueva ley del Servicio Civil, que el Gobierno se propone aprobar, a lo largo de la actual legislatura.

Según Llamazares, con esta fórmula se potenciaría el voluntariado y la creación de un sistema efectivo de protección civil, aunque habría que garantizar la fiabilidad de las entidades, determinar el tipo de actividad y el tiempo de prestación. Sería preciso, además, abordar una reforma de la vigente ley de Objeción de Conciencia.

40.000 objetores en 1993

Estos planteamientos: suponen, en realidad, un profundo cambio de filosofía sobre la objeción de conciencia al servicio, ya que el servicio civil dejaría de ser una prestación sustitutoria de la mili para convertirse en una alternativa a la misma. Ello, admite Llamazares, acercaría a España al modelo francés, país donde existe un servicio nacional único, con dos variantes: civil y militar.

Llamazares participó ayer en un debate sobre objeción de conciencia, dentro del curso que la Universidad Complutense celebra en El Escorial (Madrid) bajo el título: "Servicio militar y profesionalización de las Fuerzas Armadas". El director general matizó que sus propuestas lo eran "a título personal" y no constituyen todavía la posición oficial del Ministerio de Justicia, aunque algunas están sugeridas en el programa electoral del PSOE y han sido consultadas con el Ministerio de Defensa.

El número de objetores de conciencia sigue creciendo en España y "no se sabe todavía cuándo ni a qué nivel tocará techo", admite Llamazares. En 1992 fueron reconocidos 35.000 jóvenes como objetores y en 1993 se espera llegar a los 40.000, una cifra equivalente al 20% del contingente anual del servicio militar, después de que se hayan presentado 26.000 solicitudes durante el primer semestre de este año.

El constante crecimiento en el número de objetores plantea el problema de crear plazas suficientes para que pueden cumplir la prestación sustitutoria. La Administración central no tiene capacidad para incrementar el número de puestos para objetores al ritmo en que lo ha hecho en los últimos años, reconoce su máximo responsable, quien aboga porque las comunidades autónomas "se hagan corresponsables de la gestión" de este tema. Como ejemplo, cita a Cataluña, que tiene un convenio con Justicia por el que se compromete a que ningún objetor catalán tenga que salir de su comunidad para cumplir la prestación.

Si se reforma la ley de Objeción, habría que modificar aspectos que se han demostrado inútiles o contraproducentes, en opinión del director general. Por ejemplo, la atribución al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia de competencia para investigar si los jóvenes son realmente objetores. "Esta competencia no se utiliza nunca y sólo sirve para ofrecer un flanco a la crítica", afirma.