La cresta de la discordia

"Tiene razón el de la cresta. No importa que lleve cresta o cola, lo importante es que sea honrado y trabajador". Jose, de 65 años, resume así lo que piensa una parte del pueblo de Requena (Valencia) sobre un conflicto que ha enfrentado en los últimos seis años al alcalde con un joven vecino de la localidad. El de la cresta es Gabriel Martínez Ejarque, de 22 años. Trabaja desde los 13 años en el campo. "No sé hacer otra cosa", afirma. Sus manos son grandes y gruesas, y tiene las palmas cubiertas de callos. Hace año y medio que se desplazó con su mujer, Yolanda, desde Requena a La Portera, una aldea a 12 kilómetros del pueblo donde tiene sus tierras. Allí trabaja entre semana sus campos: tomates, garbanzos, bajoqueta, viñas... Pero no es un agricultor habitual: su indumentaria y, sobre todo, su peinado de cresta punkera -que todavía conserva- lo llevaron a los tribunales.Todo empezó en agosto de 1987, en las fiestas de Requena. El agricultor punki tenía entonces 16 años. Gabriel coincidió con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Monteagudo, y lo saludó. El alcalde interpretó el saludo como una burla y poco después llamó al padre del muchacho -que era el teniente de alcalde del Ayuntamiento- para advertirle de que había mandado a la policía local a su casa a detener al chico.

Una vez en el Ayuntamiento, el alcalde intentó persuadir al joven para que se cortara la cresta y cambiara de indumentaria. Gabriel fue conducido al calabozo de la comisaría local, "donde, a instancias del alcalde, los policías me desnudaron y mojaron el suelo y la colchoneta para que no me sentara", explica. Gabriel regresó a casa y se cortó la cresta de pelo.

Sin embargo, el joven no denunció el hecho en esos momentos "porque mi padre era teniente de alcalde y podían pensar que lo hacía para quitarle el puesto al alcalde", explica. Sí lo hizo tres años después -en abril de 1990-, cuando, según cuenta, él y sus colegas fueron agredidos por agentes de la policía local tras haber acudido a la comisaría para recuperar un cinturón de balas de fantasía de un amigo suyo, confiscado por uno de estos policías.

El pasado lunes, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de diciembre de 1991 (véase EL PAÍS del 20 de junio) que condenaba al alcalde de Requena a dos años de inhabilitación de todo cargo público por el delito de detención ilegal y desestimaba el recurso interpuesto por éste.

Monteagudo tendrá que abandonar la alcaldía cuando la Audiencia Provincial dicte auto de ejecución de la sentencia. Entretanto, el Ayuntamiento ha iniciado una recogida de firmas para conseguir el indulto de su actual máximo mandatario.

Gabi, como todo el mundo conoce a Gabriel, y su esposa están muy satisfechos. "Ya era hora", comenta Yolanda, "además, no son dos años, sino seis, porque no podrá presentarse a las próximas elecciones municipales". "No queremos dinero", añade Gabriel, "pero si el tío no es legal, que se pire". "Por una vez, el pez pequeño se come al grande".

El pueblo se encuentra dividido. Para algunos, la sentencia del Supremo es justa o incluso corta. "Al talego tenía que haber ido", afirma un hombre de 35 años. Según esta corriente de opinión, la hipótesis de que el alcalde quisiera "cargarse" al teniente de alcalde creando un conflicto con su hijo "es bastante verosímil". "El ex teniente de alcalde era bastante más honrado que el alcalde", dice un vecino de 25 años. Para José Antonio, de 21, y colega de Gabriel, todo se debió a una "clara discriminación". Para otros, en cambio, la sentencia es excesiva. "Es el alcalde y lo ha elegido el pueblo. Si el chico lo insultó, es normal que fuera a la comisaría", opina un hombre de 43 años.