Hacer la guerra

LA BRUTAL acción militar norteamericana en Mogadiscio, capital de Somalia, confunde nuevamente los términos de lo que es la actividad de la ONU. Y los confunde porque, una vez más, Washington se ha tomado la justicia por su mano cuando no le correspondía hacerlo. El resultado ha sido decenas de muertos somalíes, además de cuatro periodistas extranjeros, y el incremento de la hostilidad de la población civil contra los cascos azules que pretenden pacificar y distribuir alimentos. Mientras tanto, el señor de la guerra Mohamed Fará Aidid, objeto específico del ataque de los helicópteros norteamericanos, sigue en libertad.¿Con qué autoridad puede una operación internacional tomar partido por un bando u otro en una tragedia nacional en la que lo único inocente es la población que muere de hambre? Si la legitimación se origina en la ONU, es urgente revisar los esquemas de actuación de este organismo y su interpretación de la imparcialidad. Y si parte de Estados Unidos, convendrá recordar que fue precisamente el apoyo del Gobierno norteamericano el que mantuvo en el poder al dictador Siad Barre -origen de todo el drama somalí- entre 1981 y 1989.Lo que es más, hay serias razones para disentir del mando norteamericano en la zona cuando afirma que la operación de sus tropas se ajusta a lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguridad. A juzgar por la reacción del Gobierno italiano, otro de los que aporta cascos azules en Somalia, Washington no consultó la operación llevada a cabo contra Aidid el lunes, por mucho que exista una resolución de la ONU del mes pasado reclamando su detención. El Gobierno de Roma ha pedido al Consejo que, antes de que se lancen nuevas acciones, se reconsideren los objetivos de la intervención internacional en Somalia y el peso excesivo de Washington en ella.

Aunque ambos casos no sean exactamente equiparables, no puede evitarse recordar que, durante la crisis del Golfo, Estados Unidos también sustituyó a la ONU en el liderazgo de la operación contra Irak. Al principio, Washington siguió con rigor los pasos previstos en el capítulo VII de la Carta de la ONU. Pero, en el momento en que se tomó la decisión de intervenir militarmente, el entonces presidente Bush no siguió adelante con las medidas previstas en los artículos 42, 46 y 47 (el uso de la fuerza por un ejército compuesto por unidades militares de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad). Por el contrario, prefirió lanzarse al ataque bajo la bandera estadounidense -con cada aliado bajo la suya-.

Esta falta de confianza en los mecanismos internacionales subjetiviza las operaciones y hace sospechar que detrás de ellas se esconden motivaciones menos sublimes que la persecución de la paz. Entre otras, guardarse las manos libres; en el caso de Somalia, para castigar a quien no se ha tenido la habilidad de apaciguar y hacerlo, por añadidura, con una decisión previa de la ONU que dificilmente justifica tanta violencia.

Los recientes ataques, tanto en Bagdad como en Mogadiscio, evidencian que, independientemente de lo que pretenda la ONU, la política emprendida por Clinton en relación con zonas conflictivas del Tercer Mundo es la de la vieja fórmula del big stick, el gran palo, que ahora se utiliza para castigar fuera a quien se decide que es enemigo y, de paso, mejorar dentro los porcentajes de popularidad del presidente.

La operación de la ONU en Somalia, iniciada en diciembre pasado (¡con el nombre de Renovar la Eseranza!), no tenía por objeto la imposición de soluciones militares o siquiera políticas. Era una acción humanitaria. El mero desembarco de los primeros 2.000 marines produjo el cese de la lucha y, como por ensalmo, un acuerdo entre los dos principales señores de la guerra, Alí Mahdi y Aidid. Nada hubiera sido más fácil que desarmar entonces a las bandas rivales, al tiempo que se alimentaba a una población desesperada. Pero el desarme estaba específicamente excluido de la operación como tal, sin que se entienda muy bien por qué. Y ahora aquella operación de paz se ha transformado en un enfrentamiento armado con uno de los bandos en lucha.

Todo esto hace pensar que la administración de la paz mundial bien merece un análisis profundo y, probablemente, una reforma drástica del papel de la ONU. Sólo así cabrá exigir de Estados Unidos menos arbitrariedad a la hora de interpretar unilateralmente sus objetivos.