Seis autonomías aportaron 824.223 millones de pesetas netas a la Seguridad Social en 1991

El mapa fluianciero de la Seguridad Social española comienza a perfilarse. Seis comunidades autónomas -Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra- recaudaron en el año 1991, entre transferencias del Estado y cuotas de la seguridad social, más dinero del que gastaron por este concepto. La diferencia -824.233 millones de pesetas, un 8,7% de lo que se gastó ese año- sirvió para compensar a las otras 11 comunidades autónomas que, junto con Ceuta y Melilla, recaudaron menos de lo que gastaron, según datos elaborados por el propio organismo.

Fue Madrid la comunidad autónoma que se situó a la cabeza de las regiones solidarias al ceder casi medio billón de pesetas (exactamente 491.009 millones de pesetas, el 44% de su gasto en seguridad social) al fondo común de este organismo."Madrid es la gran aportadora" al sistema de Seguridad 'Social en España, asegura Adolfo Jiménez, secretario general para este organismo, quien intervino la pasada semana en un seminario organizado por la fundación Argentaria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Esta primera evaluación de los flujos de financiación interterritorial por parte de la Seguridad Social arroja algunas sorpresas. Las otras cinco comunidades que resultaron contribuyentes netos a las arcas de este organismo, aportaron, entre todas juntas, menos que Madrid. Entre Baleares -que cedió un 15,9% de su gasto social- Cataluña -un 15,7%-, Navarra -un 10%-, y la Comunidad Valenciana -2,8%- inyectaron a la caja común de la Seguridad Social española 333.214 millones de pesetas.

Pensiones

Esta redistribución territorial del gasto social (pensiones, sanidad, servicios sociales, etcétera) ayudando más a las regiones con menos renta, ha sido un objetivo primordial para la Seguridad Social, no sólo en 1991, sino durante toda la década pasada, según Jiménez. Las pensiones constituyen el mayor apartado dentro del presupuesto de la Seguridad Social. En 1993, las previsiones de gasto para este apartado representan el 57,88% del total presupuestado, 9,078 billones de pesetas.

En el año 1991, Extremadura sólo financió mediante cuotas propias el 39,37% de los 250.949 millones de pesetas que gastó en seguridad social. Un 19,7% adicional lo recibió a través de transferencias del Estado. El resto necesario para cubrir el total gastado, un 40,9% (102.638 millones de pesetas) lo aportaron entre las seis comunidades autónomas citadas.

En términos porcentuales, Asturias y Andalucía fueron las regiones que, tras Extremadura, más se beneficiaron de esta sol¡daridad interterritorial. La primera recaudó solamente el 67,4% de lo que gastó, y recibió, en consecuencia, una inyección de 114.959 millones para cubrir sus necesidades.

Pero en términos absolutos, Andalucía fue la gran beneficiaria. La región andaluza recaudó por cuotas a la Seguridad Social el 51,66% del gasto que realizó, que junto con el 22,07% recibido vía transferencia del Estado, dejó un hueco por cubrir del 26,3% menos que Extremadura y Asturias, sus compañeras en el furgón de cola. Pero como Andalucía es la primera región por volumen de gasto -con un total de 1,6 billones de pesetas- el volumen transferido supone 417.916 millones.

Esta cifra representa más de la mitad -el 50,7%- de los fondos interterritoriales puestos en juego ese ano, y convierten a Andalucía en la región más favorecida por la solidaridad entre comunidades autónomas de la Seguridad Social.

Protección social

El secretario general para este organismo asegura que el esfuerzo de protección social realizado en España en los últimos años ha sido posible, en gran parte, por la mejora en la recaudación de las cuotas a la Seguridad Social. "Entre los años 1990, 1991 y en parte, 1992, se recaudaron unos 300.000 millones de pesetas por vía ejecutiva", precisa Adolfo Jiménez.

Pero la situación actual de crisis económica, con crecientes dificultades de tesorería para muchas empresas, ha llevado a la seguridad social a facilitar el pago de las cuotas. La concesión de aplazamientos es el principal instrumento de esta política. "No hay ninguna empresa que acuda a la Seguridad Social a negociar su caso y no salga con alguna solución, según explica Adolfo Jiménez.