Anulada la reducción de 800 puestos laborales en Repsol Butano

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una regulación de empleo que afecta a 800 trabajadores mayores de 55 años, negociada por Repsol Butano, SA con UGT y avalada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1990. El motivo de la anulación es que las obligaciones sociales asumidas por la empresa a causa del fondo de pensiones establecido no pueden justificar un expediente para la reducción de mano de obra.La resolución ministerial anulada, a instancia de 35 trabajadores, se dictó el 23 de octubre de 1990 para homologar el pacto de regulación de empleo suscrito cinco meses antes por Repsol Butano y UGT, dada la necesidad de adaptación de la estructura productiva de la empresa a las nuevas exigencias de competitividad y libre mercado", a consecuencia de la plena integración de España en la CE desde 1993.

Coacción a la mayoría

Los recurrentes alegaron que los planes de reestructuración de plantillas y de pensiones se trataron unitariamente, "cuando ambas figuras tienen distinta naturaleza y diverso tratamiento", así como que la presentación de la situación de dichos planes supuso "una coacción insuperable para la mayoría de la plantilla", de edades inferiores a los 5.5 años. El abogado del Estado se opuso a la demanda.La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que mientras la causa tecnológica "aparece suficientemente acreditada", son "cuestión ajena al contenido de un expediente de regulación de empleo" las "obligaciones sociales asumidas por la empresa, en este supuesto, con la Fundación Laboral Benito Cid".

El tribunal estima que la fundación citada. "tiene sus mecanismos para abocar en la extinción". Agrega que los "problemas económicos insalvables" que afectan a la fundación no son trasvasables a Repsol Butano, cuya "buena situación económica" es notoria.

Nicolás Sartorius, letrado de los trabajadores, cree que contra esta sentencia "no existe recurso alguno en vía jurisdiccional ordinaria". En cambio, Ramón González-Raurich, vicepresidente ejecutivo de Repsol Butano, anticipó la intención de recurrir, "entre otras razones, porque el tribunal no nos ha dado oportunidad de defendernos". Aseguró que "los trabajadores de baja están muy contentos y la sentencia sólo afecta, si llega a ser firme, a los 35 que han recurrido".