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Editorial:

En pos del pacto

EL PACTO social es, junto a un Gobierno estable, el instrumento en el que todos -Gobierno, sindicatos, patronal y opinión pública en general- han puesto sus esperanzas para abordar las medidas de ajuste y las reformas estructurales necesarias para impulsar, a medio plazo, el crecimiento de la competitividad y del empleo. La falta de tal pacto no ahorraría al Gobierno, al margen de cuáles fueran su composición y apoyo parlamentario, la responsabilidad de sacar al país de la recesión. Pero el deterioro de los indicadores económicos y laborales es de tal magnitud -paro, inversión., crecimiento, déficit público, etcétera... -que incluso un Gobierno de amplia base parlamentaria se vería ante serias dificultades para enfrentarse a ese desafío sin la contribución de los agentes sociales.De ahí que un pacto de esa naturaleza no sea sólo conveniente sino también imprescindible en las presentes circunstancias. Claro que, todo ello, a condición de que no sea un trágala para ninguno de sus interlocutores sino el fruto del compromiso responsable de todos en la adopción de aquellas medidas necesarias para que la economía española recupere el ritmo de crecimiento indispensable para crear empleo: En definitiva pasar de la caída del 1,1 % del PIB, registrada en el primer trimestre del año, a una tasa positiva del 3%. Sindicatos y empresarios mantuvieron ayer, por separado, los primeros contactos con Felipe González para explorar las posibilidades de ese pacto. Nada en concreto, de momento, pero sí algo políticamente muy apreciable a los efectos de reducir márgenes de incertidumbre: la buena disposición de las partes, concretada en el compromiso de volver a verse en la última decena de este mes y de entrar en materia en los primeros días de septiembre.

El establecimiento, pues, de un clima social y político dialogante constituye por sí mismo un logro nada desdeñable en un momento en el que el candidato a presidente de Gobierno debe dar a conocer las líneas maestras de su política -en el discurso de investidura- y designar el equipo ministerial capaz de llevarla a cabo. Pero, dado el deterioro de la situación, muy pronto habrá que pasar al terreno de los hechos, explorando vías de acuerdo y fórmulas para salir de la crisis. En todo caso, es muy positivo que nadie haya hablado de condiciones previas y que incluso posibles obstáculos como la ley de huelga hayan sido inicialmente superados.

Pero quizá lo más trascendente de estos primeros contactos sea la convergencia aparente sobre la naturaleza y el alcance del pacto. Sin duda, el acuerdo que exige la coyuntura económica sobrepasa los aspectos exclusivamente laborales y salariales para abarcar todo el entramado de relaciones industriales. Ni los sindicatos pueden actuar en su estrategia reivindicativa como si el IPC y la productividad fueran meras entelequias, ni los empresarios pueden desoír la conveniencia de políticas que impulsen la reinversión de beneficios o de reformas que acaben con los privilegios de determinados sectores productivos con influencia decisiva sobre el galopar de la inflación.

De ahí que una característica esencial del pacto sea. la solidaridad y la capacidad de los interlocutores de hacer concesiones. Se ha discutido hasta la saciedad sobre cuál puede ser el sentido de la mayoría electoral otorgada por la opinión a Felipe González y al partido socialista. Parece claro que, fundamentalmente, éste sería el de conceder un mandato para que los vencedores en las elecciones pongan en marcha los mecanismos -parlamentarios, de gobierno y de diálogo social- capaces de crear las condiciones para una pronta recuperación económica. Que así parezcan haberlo entendido el Gobierno y los agentes sociales es un buen augurio de futuro. Es pronto, ciertamente, para echar las campanas al vuelo. Pero, también, es un buen inicio la disposición y el interés que se dice tener en alcanzar un pacto de esa envergadura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de julio de 1993