LA HERENCIA DE UN CONSTRUCTOR.

Los novios sonreían felices en el hotel Palace el viernes 25 de junio por la noche. El padre de la novia, de chaqué, atendía solícito a los invitados en los dos lujosos salones que había alquilado, con capacidad para 400 personas y donde el cubierto más barato sale a 8.500 pesetas. José Luis Gómez-Pinto, de 54 años, bajo y canoso, daba palmadas en la espalda a quien se encontraba. Todo ello ocurría un día después de que se empezaran a gastar 400 millones, de pesetas de los contribuyentes para derribar las 3.200 viviendas ilegales que él dejó inacabadas en la urbanización Nuevo Versalles, en Fuenlabrada (150.000 habitantes).Cuando las construyó era conocido como José Luis Pinto Fontán. Después del escándalo, a principios de los años ochenta, desapareció del mapa. Ésta es la primera, información sobre su paradero, desconocido para muchos de sus antiguos acreedores, para muchos trabajadores a quienes dejó sin empleo, para los responsables urbanísticos actuales y para los abogados que le persiguieron por los vericuetos de los juzgados. Pinto Fontán quedó indemne de aquellas bata llas legales y se libró de pagar un duro porque se declaró insolvente.

La novia, María José, arquitecta, de 29 años, salió con su traje blanco desde la mansión de la familia, en la calle de las Arizónicas, dentro de la lujosa urbanización de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón). La casa donde viven sus padres tiene un valor catastral de 144 millones de pesetas (el precio de mercado sería muy superior), y no figura registrada a nombre de Pinto, como es regla habitual en él (por eso le declararon insolvente). El bunker aparece en el registro de la propiedad de Pozuelo y en el Ayuntamiento como propiedad de Industrias de Boadilla, S A.

José Luis Pinto Fontán -el nombre que figuraba entonces en las escrituras públicas de sus empresas- diseñó en 1972 con su compañía Proconfort una ciudad de ensueño entre Fuenlabrada y Móstoles que bautizó como Nuevo Versalles. Tan idílica, que los anuncios en prensa tuvieron como promotora a Heidi, la niña que vivía con su abuelito en las montañas y cuya serie de dibujos animados triunfaba en España. Pero cada piso (que costaba 1.200.000 pesetas de las de entonces) compartía una hectárea de terreno con otras 89 viviendas, cuando las leyes de la época admitían sólo 30 (ahora se permiten 27 por hectárea).

El Gobierno Civil paralizó las obras en 1979, cuando se habían instalado en la zona 500 familias. La autovía que iba a pasar por allí fue desechada y la inversión de Proconfort se fue al garete.

Los trabajadores no cobraron, los proveedores tampoco, y el banco que había avalado la operación -el Banco de Valladolid- terminó intervenido como consecuencia (entre otros factores) del riesgo asumido. Nuevo Versalles y el Banco de Valladolid quedaron en manos del Fondo de Garantía de Depósitos (hospital de entidades financieras en crisis). En 1989 la Comunidad de Madrid expropió la urbanización (por 3.900 millones de pesetas). Antes, el Fondo había intentado salvar la situación y reflotar el banco (que acabó vendido al Barclays Bank) mediante la inyección de otros 2.000 millones de dinero público.

Los 500 ciudadanos que viven desde hace 15 años en un descampado, que no han tenido ni colegios ni tiendas, ni alumbrado ni teléfono, se sienten ya de enhorabuena, porque dentro de un tiempo les acompañarán por fin vecinos: 7.000 viviendas públicas de la Comunidad, con accesos y las dotaciones necesarias.

Más escándalos

No fue Nuevo Versalles el único escándalo de Pinto Fontán, ni el que más quebraderos de cabeza le dio. Villafontana Ii, de Móstoles (190.000 habitantes), iba a ser otra lujosa urbanización, pero las maderas se convirtieron en cartón piedra y los materiales de construcción no estaban homologados. En 1978, los vecinos consiguen que le procesen por estafa, pero el juzgado considera que sólo se le puede pedir responsabilidad civil por las deudas contraídas. Sin embargo, Pinto se declara insolvente: ya había traspasado las propiedades de sus empresas a otras en las que no figura ninguno de sus dos nombres.

Los vecinos le llevaron a los tribunales. "Le condenaron a siete meses de arresto y más de 100 millones de multa", recuerda el concejal de Fuenlabrada José María Domínguez, de Izquierda Unida.

De todas formas, el promotor volvió a hacer caso omiso de las normativas urbanísticas. La Dirección General de la Vivienda le multó por irregularidades con 1.600.000 pesetas en 1976 y con siete millones más en 1978.

Los documentos notariales de sus antiguas empresas incluyen el nombre de José Luis Pinto Fontán, pero ahora figura en el censo electoral con su nuevo apellido: Gómez-Pinto, el que llevan también sus hijos. En sus nuevas empresas -ninguna inscrita ya con su nombre-, los empleados que atendieron los reiterados intentos de EL PAÍS de hablar con él le llaman "el señor Gómez".

Pero tanto aquel Pinto Fontán como este Gómez-Pinto Fontán están casados con la misma persona: Josefina Talavera Alonso, de 53 años, administradora única de la empresa propietaria de su mansión de Somosaguas.

En este chalé, Pinto no perdió la compostura cuando, tiempo atrás, decidió recibir a un grupo de obreros que le exigían sus sueldos atrasados. En medio de aquel lujo, les dijo que no tenía dinero. Los trabajadores se fueron como habían llegado.