Una comisión parlamentaria recomienda a la Cámara de Diputados que levante la inmunidad a Bettino Craxi

La comisión de suplicatorios de la Cámara de Diputados decidió ayer, con la abstención de los miembros socialistas, responder afirmativamente a cuatro peticiones de las fiscalías de Milán y Roma para proceder contra el ex secretario socialista Bettino Craxi. Entretanto, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Democrático de la Izquierda (PDS), ex comunista, avanzaban ayer hacia un improbable acuerdo que garantizara el éxito de la votación sobre el proyecto de reforma de la ley electoral en un sentido mayoritario, prevista para hoy en la Cámara de Diputados.

Tres de las peticiones de. suplicatorio contra el ex líder del Partido Socialista Italiano, que llegan desde Milán en el contexto de la investigación Manos Limpias contra la corrupción, acusan a Craxi de receptación y violación de la ley de financiación pública de los partidos políticos. La cuarta se refiere a la investigación sobre los inmuebles de oro que lleva a cabo la fiscalía de Roma. En dos de los casos, la comisión concede también que puedan llevarse a cabo registros en pisos y locales relacionados con el ex secretario socialista. La decisión de la comisión sólo deberá ser votada por el pleno de la cámara si lo pide algún diputado; si no, tendrá carácter definitivo.Bettino Craxi reaccionó al acuerdo de la comisión de suplicatorios diciendo: "Soy juzgado por colegas parlamentarios que no tienen título moral alguno para hacerlo, porque ellos mismos están relacionados con la criminalidad". El diputado Jean Marco Mancini, de la Liga Lombarda, pidió al ex líder socialista que explicara sus acusaciones, a lo que Craxi contestó: "Seré más explícito si tengo ocasión de hablar en el hemiciclo. Allí daré nombres y apellidos".

Craxi, quien reiteró su inocencia y aseguré que la investigación Manos Limpias sobre comisiones ilegales se está llevando "según criterios políticos", añadió, "espero que sean desenmascarados los mentirosos y quienes yo llamo extraterrestres, esos que fingen haber vivido en los últimos 10 o 20 años su vida política en un planeta diferente, en un país distinto de Italia".

Craxi, como en ocasiones anteriores, sólo se reconoció ayer culpable de violación de la ley de financiación de los partidos.

La concesión de estas cuatro autorizaciones para procesar al durante 16 años secretario del PSI llega después del escándalo que provocó, el pasado mes de abril, una decisión contraria por parte del pleno de la Cámara. La negativa de ésta originó la primera crisis del Gobierno de Carlo Azeglio Ciampi. Entonces salieron del Ejecutivo, recién jurados, los tres ministros del Partido Democrático de la Izquierda (PDS) y el de los Verdes.

Difícil pacto

La Democracia Cristiana (DC) y el Partido Democrático de la Izquierda (PDS), ex comunista, intentaban ayer, entretanto, llegar a un pacto sobre la reforma electoral, pero el acuerdo no era fácil, ya que los ex comunistas rechazan el nuevo sistema diseñado sin concesión alguna por los democristianos.

El PDS pide garantías de que el proyecto será revisado posteriormente en el Senado. Sus interlocutores de la DC se mostraban ayer abiertos a hacer concesiones, aunque no esenciales. Si esas garantías no fueran firmes, los diputados del PDS votarían contra la ley en lugar de abstenerse.

Se abriría entonces una clara posibilidad de que la ley fuera rechazada, ya que se supone que un número elevado de parlamentarios de la mayoría estarían dispuestos a votar en contra para evitar la celebración de elecciones.

Muchos temen esos comicios en los que no saldrían reelegidos, y que les privarían, por tanto, de la inmunidad que todavía les mantiene fuera del alcance de los jueces. Y aunque las votaciones sobre cada artículo deben celebrarse a mano alzada, el reglamento prevé que basta una treintena de peticiones para que el voto final sea secreto. Es ahí donde se plantea la posibilidad de que se rompa cualquier disciplina de partido.

De tal coyuntura sacaba el PDS fuerzas para negociar un proyecto que en su redacción actual le resulta inaceptable. El sistema electoral formulado por el democristiano Sergio Mattarella, aprobado en comisión con los votos de la mayoría y el rechazo de toda la oposición, es mayoritario a un solo turno para el 75% de los escaños de la Cámara, y proporcional para el resto, con un mecanismo correctivo que penaliza fuertemente a los partidos mayores.