Las asociaciones de vecinos de Alcalá de Henares se oponen a dos incineradoras

La aparición en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de un proyecto para la instalación de dos incineradoras de residuos, promovidas por las industrias farmacéuticas Merck, Sharp & Dohme (MSD), Frosst Ibérica y. Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló, SA, cuya planta de producción se encuentra en Alcalá de Henares (164.000 habitantes), ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de vecinos.

Las agrupaciones vecinales y también Izquierda Unida han constituido una plataforma para oponerse a estas instalaciones. Las incineradoras, una para residuos sólidos y otra para líquidos, funcionan en Alcalá desde 1980, según información facilitada por la empresa MSD, y son utilizadas para eliminar los residuos que genera esta planta de producción.

Pero la aparición de una nueva legislación al respecto obligó al grupo de empresas a presentar el correspondiente proyecto de impacto medioambiental, aspecto que se publicó en el boletín de la comunidad el 4 de mayo. Del texto se desprende, según IU, que las mezclas a incinerar "contienen residuos tóxicos y peligrosos". Este extremo determinó que CC OO, IU y cuatro asociaciones de vecinos presentaran alegaciones.

En una de estas alegaciones, la presentada por IU, se asegura que en el proyecto de las industrias farmacéuticas no se especifica la composición química de los residuos a incinerar, lo que puede acarrear un serio peligro, dada la actividad del grupo empresarial el emitir al exterior "productos cuya combustión quedaría incompleta". Este riesgo entraña mayor gravedad por la proximidad del núcleo de población más cercano, que se encuentra a tan sólo 500 metros.

José Luis García Graván, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento alcalaíno, afirma que, aunque a título personal no está de acuerdo con las incinera doras, como representante municipal espera conocer el proyecto para adoptar una resolución.

MSD, por su parte, asegura que las incineradoras de la planta de Alcalá dejaron de funcionar en 1991 con la aparición de la nueva normativa, y reconoce que pretende incinerar "cartonaje que pueda suponerse contaminado y documentos muy confidenciales", además de otros tipos de cartones.