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El PP desea privatizar la adjudicación de pisos públicos

Las irregularidades en la adjudicación de 233 viviendas municipales siguen sin resolverse cuatro meses después

Juan Antonio Carbajo

Los aspirantes a una vivienda municipal de 15 millones (de precio tasado) deberán cambiar de ventanilla. Sus solicitudes irán ahora a la oficina de un constructor. El Gobierno municipal del PP proyecta traspasar a los promotores de pisos públicos la responsabilidad de elegir a los futuros propietarios. Con el nuevo sistema, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) obtendrá dinero por la venta del suelo municipal, y ya no deberá desembolsar nada por la construcción de los pisos. La EMV evitaría también verse implicada de nuevo en irregularidades como las denunciadas hace cuatro meses en la adjudicación de 233 pisos. La patata caliente pasa a los empresarios, que deberán elegir a familias que cumplan los nuevos requisitos que marque el Ayuntamiento.

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La adjudicación de 233 viviendas municipales de precio tasado, puesta en entredicho por la oposición y por la fiscalía de Madrid, sigue en un callejón sin salida cuatro meses después de que el PSOE efectuara la primera denuncia sobre irregularidades en la selección de adjudicatarios. Ayer se reunió el Consejo de Administración, que dejó las cosas como estaban: el 36% de las solicitudes son correctas, el 52% debe acreditar con documentación algunos de los requisitos y el 12% debe ser rechazado por incumplir las condiciones. Pero ¿cuándo? "Estamos esperando la resolución de la fiscalía", justificó el concejal responsable de la EMV, Enrique Villoria.Mientras el fiscal decide, la EMV prepara su revolución interna. Una empresa con 10 años de experiencia ha necesitado un escándalo como el de las adjudicaciones irregulares de pisos de precio tasado para redactar unas normas que no den lugar a dobles interpretaciones. El borrador de la nueva normativa tiene estas novedades:

- Se reduce el listón mínimo para acceder a una vivienda: de 263.000 a 204.000 pesetas aproximadamente. El máximo sigue en 444.000 pesetas.

- A la condición de no tener piso en Madrid o en su área metropolitana se añade: "Salvo que sea inadecuado".

- Los dos años de residencia en Madrid pueden contarse en cualquier periodo desde 1985.

También se cambia la tabla de baremación. Ahora se prima a los pensionistas, a los menores de 30 años (antes 35 años), a las familias numerosas (antes no se discriminaba entre cinco o se¡s miembros) y a los que habitan viviendas con expediente en ruina. Y, por último, se incluyen normas concretas de interpretación que establecen que se considera vivienda inadecuada o qué se entiende por unidad familiar.

Cortina de humo

La oposición esparció sus dudas nada más conocer ayer las grandes líneas de la nueva normativa. El Grupo Municipal Socialista calificó el borrador de "cortina de humo que no resuelve los problemas pendientes" y de "engaño a la opinión pública porque el Ayuntamiento va. a seguir dando pisos a personas que ganan medio millón".

Izquierda Unida matizó que aunque se haya bajado el listón para acceder a una vivienda protegida, "aún falta primar de modo claro a las familias con menores ingresos frente a las que ganan más".

La mayor novedad radica en quién se va responsabilizar de aplicar las nuevas normas. La EMV pretende quitarse de encima los problemáticos procesos de selección y traspasarlos a los constructores. Con esta fórmula: El Ayuntamiento subasta su suelo entre los promotores "con o sin ánimo de lucro" a 30.000 pesetas el metro cuadrado edificable como máximo. Las empresas se encargan del resto: pagan el terreno al municipio, construyen las casas y seleccionan a sus compradores entre aquellas familias que cumplan las normas municipales.

El sistema propuesto permite a la Empresa Municipal de la Vivienda no gastar un duro en la construcción de las casas (el terreno lo obtiene de convenios con los propietarios) y, además, lograr beneficios con la subasta de suelo. Se trata de una fórmula ideal, ahora que, según opina el Grupo Municipal Socialista, la EMV está en bancarrota.

La propuesta del PP consiste en que las constructoras que compren el suelo presenten al Ayuntamiento en seis meses la lista de compradores de sus viviendas, que deben reunir los requisitos de la normativa de pisos de precio tasado.

Sin embargo, en el borrador de la nueva normativa municipal no se prevé ningún control posterior sobre si los propietarios que acceden a la viviendas son los de la lista inicial, ni se tiene en cuenta si la misma persona puede presentarse a varias promociones.

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