Pactar para no morir

La Seda, la primera empresa española de fibras químicas, ha conseguido sobrevivir en los últimos dos años sin un dueño claro y con la financiación bancaria reducida a la mitad gracias a un pacto de supervivencia entre la dirección y los sindicatos. La empresa se quedó sin su propietario de toda la, vida y luego sin dinero, al retirar los bancos la financiación. Los proveedores también se cerraron en banda y exigieron cobrar al contado. La liquidez se resintió y empezó a faltar el dinero para pagar la nómina y comprar materia prima. Fueron muchos quienes hablaron de cierre, pero La Seda aguantó. La dirección y los 1.700 trabajadores de las plantas de El Prat de Llobrega (Barcelona) y Alcalá de Henares (Madrid) han estado unidos y ahora en esta dura crisis van a la junta de accionistas del próximo día 30 con la batalla. ganada: La Seda no desaparecerá, aunque le ha costado un durísimo ajuste, sobre todo laboral, ya que se han perdido 1.100 empleos.Por primera vez en muchos meses los trabajadores han cobrado entero el sueldo de mayo. Así lo afirma la dirección y lo corroboran las centrales UGT y CC OO. Los sindicatos y la dirección creen que es una buena muestra de que la crisis de la empresa ha tocado fondo y la recuperación ya ha empezado. Las dos partes han acordado congerlar los sueIdos este año.

La junta de accionistas, que encabezará el presidente de La Seda, Rafael Amézola, se presenta como la mejor en los dos últimos años. La asamblea aprobará las cuentas de la empresa en segunda convocatoria, al faltar la mayoría del capital embargado por el juez al abogado mercantilista barcelonés, Jacinto Soler Padró. Amézola, nombrado hace 11 meses, dejará ese día la presidencia de la sociedad al cumplir la edad que marcan los estatutos, 70 años.

La recuperación de La Seda ha sido posible sobre todo "por su enorme patrimonio inmobiliario", coinciden en afirmar la empresa y los sindicatos. Una parte de ese patrimonio (que asciende a unos 20.000 millones de pesetas), sobre todo miles de metros cuadrados de terreno próximo a la fábrica de El Prat, está ahora en venta y le va a permitir a la empresa obtener 5.000 millones para reducir deuda, pagar los salarios atrasados e invertir para producir más y a menos precio.

La salida de la crisis se ha fraguado en los últimos meses sobre cuatro bases: el sacrificio de los trabajadores, que han aceptado retrasar el cobro de 1.000 millones de pesetas en salarios de los últimos meses así como un fuerte recorte de la plantilla -la empresa empezó la crisis con 2.800 trabajadores y ahora tiene 1.700, aunque en dos años debe quedar reducida a 1.350-, un plan para vender activos y las ayudas de la Administración.

Plan de viabilidad

Empresa y sindicatos han pactado un plan de viabilidad a tres años ha dado confianza a los bancos, a los proveedores y a los clientes. "Hemos normalizado las relaciones con la banca. A los proveedores se les está volviendo apagara 15, a 30 a 60 y a 90 días", afirma el director general, Rafael Español, fichado hace dos meses y medio para sacar la empresa adelante. "Ahora La Seda debe estar normalizada, pero nada hubiera sido posible sin el apoyo de los trabajadores", dice Español.

El secretario general de UGT en el Baix Llobregat, José Luis Morlanes, afirma: "La situación ha mejorado. Hemos tocado fondo. La tendencia se ha invertido y vamos a mejor, pero no se puede decir aún que La Seda esté salvada". En términos similares se expresa Vicenç, Rocosa, responsable de Comisiones Obreras en el Baix llobregat. "Hay una dirección. La empresa tiene unos activos importantes que permiten poner a la venta lo que no es necesario para seguir trabajando

Rafael Español, forjado en otras batallas

como la de la química Aiscondel, ha acelerado el plan de viabilidad con tres ejes: vender activos innecesarios para conseguir 5.000 millones de pesetas, invertir para producir más y mejor en las tres líneas de negocio de la empresa (fibras de poliamida, poliester y rayón) y seguir reduciendo la plantilla.A la reflotación han colaborado también la Generalitat, con un aval de 1.500 millones, la Comunidad de Madrid, con una ayuda de 1.000 millones, y el apoyo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ha aportado 2.000 millones para reducir plantilla empezando por los de más edad.