La sanidad pública: una inversión de futuro

Algunos países de la CE se están planteando transformaciones en sus sistemas sanitarios promovidas por la presión de tendencias neoliberales, que intentan privatizar las áreas de salud potencialmente rentables, con la aplicación rigurosa de las reglas del mercado. La disyuntiva público-privado constituye uno de los elementos esenciales en la confrontación de los idearios políticos.

La privatización de los sistemas sanitarios, que es un proyecto de capitalización y obtención de beneficios conducente a incrementar las diferencias entre las categorías sociales, se contrapone a la solidaridad y la redistribución.Los proyectos políticos de los partidos socialdemócratas han coincidido en el compromiso de impulsar la salud pública, superando antiguas concepciones de la salud vinculadas a un modelo casi exclusivo médico-asistencial y omitiendo la realidad multicausal del conjunto salud-enfermedad, en el que los estilos de vida, el impacto medioambiental y las condiciones socioeconómicas tienen una influencia decisiva.

En este sentido, la Ley General de Sanidad (1986), aun conteniendo algunas ambigüedades, constituyó un auténtico proyecto de cambio de la sanidad española. Esta ley reconoce la universalidad del derecho a la protección de la salud, establece los principios generales del sistema sanitario, que estarían orientados prioritariamente a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a lograr la igualdad efectiva en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias superando los desequilibrios territoriales existentes. Objetivos sólo alcanzables en el marco de una sanidad pública predominante, aunque no excluyente respecto a la participación del sector privado en la provisión y gestión del gasto sanitario.

Orientar los recursos

Las evidentes ventajas de la financiación pública es una condición indispensable para orientar los recursos y a los profesionales hacia donde más se necesiten en términos de salud, es decir, para lograr la equidad y una mayor legitimidad democrática. No podemos compartir la posición reaccionaria de utilizar la libertad como coartada interesada para justificar la desigualdad.

La sanidad pública en España dispone de profesionales de elevada cualificación técnica, con dedicación y esfuerzo no siempre reconocidos, que utilizan procedimientos diagnósticos y terapéuticas de máximo nivel y que ofrecen a todos los ciudadanos un conjunto de prestaciones sanitarias muy amplias. No debemos obviar las dificultades y carencias que presenta el sistema sanitario español. La superación de estos escollos exige el fomento de la calidad mediante una serie de acciones, entre las que señalamos las siguientes: consumar los planes de creación de centros de salud y los equipos de atención primaria; completar la red hospitalaria pública; incorporar las innovaciones tecnológicas, previa valoración de su eficacia; impulsar la investigación básica y aplicada; establecer un programa muy exigente de mantenimientos de centros, instalaciones y equipamientos; reducir las listas de espera priorizando según patologías; simplificar trabas burocráticas y abolir rigideces. administrativas. Como estas acciones conllevan un incremento del gasto sanitario, será necesario elevar un punto el porcentaje del PIB, además de superar algunas diferencias en la gestión a fin de equipararnos a la media de los países comunitarios.

El sector sanitario español debe ser un compromiso de equidad, una inversión de futuro como soporte y motor de la política social, y no un subproducto del desarrollo económico. Una estrategia de consolidación y perfeccionamiento del sistema sanitario español sólo es posible si los profesionales y los ciudadanos participan activamente en el proyecto, en amplio y profundo consenso. La necesaria corresponsabilidad de la Administración y los profesionales sanitarios precisa hacer partícipes a éstos de las decisiones y proyectos en el campo de la salud.

Solidaridad

Van Otter y Saltmann han definido la sanidad mixta como un modelo sustentado en la competencia interna que propiciaría un incremento de la eficiencia y eficacia del sistema y crearía una emulación entre proveedores, tanto en el sector público como en el privado. Las ventajas de la financiación pública, e incluso una provisión mayoritariamente pública, tienen que ser potenciadas con la introducción de mecanismos de competencia e incentivos. Pero cualquier fórmula basada en un sistema mixto eliminando cuotas e incluso desgravando impuestos rompería el principio de solidaridad, segregando del conjunto a las clases sociales con menos recursos económicos. Sentados estos principios básicos, de equidad y solidaridad, cabe establecer diversas variables de gestión a través de la colaboración y adecuados convenios con entidades aseguradoras.

La colaboración del sector privado con el sistema sanitario público ha sido estudiada certeramente por M. Evangelista en su informe sobre Perspectivas del futuro en la sanidad española, donde analiza el carácter de concertación complementaria de ambos sectores basados en las siguientes premisas:

- Una mayor transparencia en la presentación del contenido de la calidad de la oferta sanitaria privada, con cobertura de riesgos comparable al sistema público.

- Una clara delimitación de la clase de prestaciones ofertadas.

- La aceptación de criterios de planificación que, sin mermar la autonomía, fomente la equidad en la accesibilidad y elimine o reduzca la discriminación asistencial por razones económicas.

- No interferir la globalidad de la planificación sanitaria.

- No resta recursos al sistema sanitario publico, que debe gestionarse con una mayor eficiencia.

Las frecuentes noticias sobre el mal funcionamiento del sector público, omitiendo las grandes deficiencias del sector privado, tienden a crear un estado de opinión favorable a la privatización, la cual puede competir en la labor médica asistencial, pero nunca podrá resolver las demandas sociales de prevención, impulsar campañas de promoción de estilos de vida saludables y preservar la salubridad del medio ambiente.

Ventajas

Las ventajas de un sistema público de salud y la oposición radical a cualquier proyecto privatizador del sistema sanitario parten de los siguientes supuestos:

- Sólo desde el sector público es posible elaborar estrategias intersectoriales de salud e incorporar acciones preventivas de información de la salud y educación sanitaria.

- Garantizar la cobertura del sistema sanitario a toda la población.

- Lograr el objetivo básico del sistema nacional de salud de equidad: igual atención y trato para todos, superando las diferencias socioeconómicas, las deficiencias biológicas e igualando la accesibilidad a los servicios sanitarios.

- Establecer la solidaridad entre las comunidades autónomas y clases sociales mediante el mecanismo redistributivo del sistema fiscal.

- Obtener con menores costes mejores indicadores sanitarios en los sistemas públicos de salud. Los países con modelos sanitarios liberales gastan más con iguales o inferiores resultados.

- El sistema público tiene mayores recursos y capacidad para financiar la investigación médica y para atender la formación médica a través del sistema MIR, que tanto ha contribuido a elevar la calidad de la medicina en España.

La Constitución española ha consagrado el derecho a la protección de la salud, que sólo puede alcanzarse con la firme defensa de ese derecho, cimentado y desarrollado en el marco del sistema nacional de salud.