Prioridades

UNA DE las escasas coincidencias en los programas electorales de los partidos mayoritarios que concurrieron a las pasadas elecciones era la prioridad de la creación de empleo. La recesión que afecta prácticamente a la totalidad de las economías europeas está teniendo sus peores consecuencias sobre el mercado de trabajo. En España la situación es especialmente alarmante, ya que ese cuadro recesivo seguirá incidiendo sobre el paro en mayor medida que en el resto de los países.El reciente informe trimestral del Banco de España es suficientemente elocuente al respecto: además de constatar que durante esos tres primeros meses el crecimiento de la economía española ha descendido un 0,5% en relación con el mismo periodo del año anterior, no permite anticipar cambios significativos en esa tendencia; la inversión variable, clave en la generación de empleo, registra descensos interanuales en torno al 6%. Los resultados de las empresas que cotizan en Bolsa en ese primer trimestre, y las significativas disminuciones de sus plantillas de trabajadores según el balance elaborado por la Comisión Nacional del Mercados de Valores, también confirman ese clima recesivo.

Si ante esa situación es limitado el margen de maniobra de que dispondrá cualquier Gobierno para tratar de reactivar la economía, no lo es tanto para eliminar algunos de los obstáculos. Tres tareas esenciales han de configurar la agenda de ese próximo Gobierno: la articulación de un acuerdo social que permita no sólo acordar la evolución de las rentas, sino, también, su contención; la definición de las líneas en que se basará la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado; y la detallada programación de las reformas estructurales previstas en el programa de convergencia, aprobado por la mayoría del Parlamento español y destinado a propiciar la vinculación de la economía española a la Unión Económica y Monetaria (UEM), que ha de constituir la guía básica de las acciones de política económica, aun cuando puedan ser objeto de revisión algunas de sus hipótesis de trabajo.

Asumir esa necesidad de no desvincularse de la integración europea exige, ante todo, una coherencia y compatibilidad entre las distintas políticas globales que no han existido durante los últimos años. Pero también, y en no menor medida, exige que el nuevo Gobierno certifique que las limitaciones de la economía española derivan, en gran parte, de vicios profundamente arraigados en el sistema -en el comportamiento de sus agentes y de sus mercados- que precisan de actuaciones directas, lo que en realidad supone la concreción de las reformas estructurales, la mayor parte de ellas enunciadas en el propio Programa de Convergencia. Esas reformas serán las que garanticen no sólo la contención de la inflación y su aproximación a los niveles de los principales países comunitarios, sino la eliminación de esos quistes en el sector servicios que la perturban permanentemente. El último dato del IPC, que en términos interanuales se ha mantenido en el 4,6%, ha vuelto a poner de manifiesto ese desigual comportamiento entre sectores abiertos a la competencia exterior y aquellos otros protegidos de la misma, y, por ello, capaces de transmitir a precios finales sus mayores costes e ineficiencias.

Es en ese contexto en el que habrá que abordar las reformas pendientes en el mercado de trabajo, pero no sólo eso. De la actitud de los distintos agentes sociales y económicos dependerá que la recesión se cobre más víctimas de las debidas. Es, pues, necesario hacer un llamamiento a la solidaridad de la patronal y de los sindicatos, pero también al abandono de las explicaciones lineales y simplistas sobre la crisis. Los ciudadanos acaban de dar un voto meridianamente claro sobre lo que exigen; se trata ahora de legitimar con la acción ese deseo, en la parte que a cada uno corresponde. Sin que nadie pueda escurrir el bulto.