Europa y el problema de los asilados

EL PROBLEMA de la inmigración de ciudadanos extranjeros a los países de Europa Occidental está creando tensiones políticas serias, si bien hay diferencias sustanciales entre unos casos y otros. En Alemania y Francia la cuestión alcanza en estos días un especial relieve por las decisiones que acaban de adoptar sus respectivos Gobiernos.Las reacciones que han motivado estas medidas muestran la dificultad de armonizar el respeto del derecho de asilo (un principio inherente a nuestra cultura democrática) y la realidad de una creciente presencia extranjera, uno de cuyos efectos más espúreos es el de alimentar las tendencias racistas en sectores sociales proclives a la culpabilización en cabeza ajena de la recesión económica. En París y Bonn, el tema específico en discusión no era idéntico; pero merece ser destacada la diferencia radica en los procedimientos políticos utilizados para abordarle en uno, y otro caso.

En Alemania, el incremento de los asilados (103.000 en 1988, 438.000 en 1992) obligaba a una modificación del precepto de la Constitución que concede entrada libre y ayudas a todo el que se presente en la frontera del país. Ello ha dado lugar a una larga negociación entre el bloque gubernamental y los socialdemócratas, que se plasmó en un compromiso en diciembre pasado. Gracias a ello, el Parlamento ha aprobado el nuevo texto con una holgada mayoría (521 a favor y 132 en contra). La contestación, preferentemente juvenil y más pacífica de lo inicialmente prevista, expresaba en las calles de Bonn la actitud de los partidarios de mantener la política de puertas abiertas hacia el extranjero.

En Francia, las medidas para restringir los derechos de los inmigrados han sido adoptadas -casi sin consulta- por el ministro del Interior, Charles Pasqua, conocido por su posición profundamente reaccionaria sobre el tema. Ello ha provocado protestas no ya de la oposición socialista, sino de sectores de la sociedad próximos a la derecha más democrática. El proyecto de Pasqua, al multiplicar la intervención de la policía en todos los terrenos, dificulta en gran medida la aceptación de nuevos extranjeros -que ya se ha restringido drásticamente: en 1992 sólo hubo 29.000 demandas de asilo-, y, a la vez, las condiciones de los que ya viven en Francia. Las propuestas del ministro del Interior han sido criticadas dentro del Gobierno de Balladur por la ministra Simone Veil. La Iglesia también ha formulado duras protestas. El propio Consejo de Estado, cuya misión es informar el proyecto de ley, está dilatando la entrega al Parlamento y propone modificaciones sustanciales. Esta experiencia demuestra que, incluso en un país que acaba de dar una victoria aplastante a la derecha, el tema de los inmigrados suscita simpatías en sectores muy diversos. Y que las medidas políticas a tomar en esa materia deben contar con el mayor consenso posible.