Piden la inhabilitación de 48 arquitectos durante 36 años por no reconocer dos títulos

La acusación privada pidió ayer que se inhabilite por espacio de 36 años a los 48 profesionales que formaban parte del Consejo Superior de Arquitectos y del Colegio de Andalucía Oriental que en 1987 no aceptaron la titulación en Arquitectura expedida en la República Dominicana a favor de dos aparejadores de Málaga.

Los 48 arquitectos ocuparon todos los asientos disponibles en la sala de la Audiencia de Granada donde se celebró la vista, a excepción de un banco para los informadores. Los promotores de la querella, Emilio Domingo Torres y su sobrino Juan Domingo Ruiz de Mier, no pudieron precisar cuánto tiempo permanecieron en la Universidad de San Pedro de Macoví, aunque aseguraron que compatibilizaron sus estancias en América con sus trabajos como funcionario del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el primero, y como aparejador.El ex presidente del Consejo Superior de Arquitectos, Rafael de la Hoz, mantuvo que los estudios necesarios para obtener el diploma (le arquitecto en la República Dominicana no incluyen los relativos al Cálculo de Estructuras de Instalaciones, necesarios para la ejecución de los proyectos de obras. De la Hoz agregó que en la República Dominicana los arquitectos no pueden construir un edificio si la ejecución del proyecto no la respalda un ingeniero civil. Además, dijo, la universidad sólo emite un diploma que no tiene valor para ejercer como arquitecto hasta que transcurra un año de prácticas en una empresa de prestigio y el Gobierno expida un nuevo documento certificando el mismo.

Meritoriaje en Málaga

Los denunciantes admitieron que el periodo de meritoriaje lo hicieron en dos empresas malagueñas en. las que ambos tienen acciones, junto a otros familiares. Según los dos querellantes, cuando lograron el título, en 1983, éste fue homologado por el Ministerio de Educación español, pero los colegios de arquitectos lo rechazaron.Finalmente aceptaron colegiarlos con la salvedad de que los proyectos que ambos firmaran, en caso de incluir la ejecución de la obra, tendrían que ser respaldados por otro arquitecto. "Lo que me concedieron fue una burla, porque sólo podía hacer obras teóricamente", señaló Emilio Domingo. Éste aseguró que gracias a sus inmejorables relaciones laborales en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga logré que los responsables municipales le facilitaran, entre 1980 y 1982, el tiempo preciso para estudiar en la República Dominicana.

Emilio Domingo no pudo concretar durante qué periodos de tiempo. residió en ese país y restó importancia a la distancia entre Málaga y San Pedro de Macoví, una ciudad de 2.000 habitantes, muy pobre, pero que, sin embargo, tienen una universidad privada. "Existe un buen servicio, de aviones y el viaje sólo dura siete horas", dijo. El juicio se reanudará esta mañana con las pruebas documentales.