Reconversión, expansión, explosión

Una frase, "la mejor política industrial es la que no existe", ha rodeado todas las actuaciones en esta materia durante los últimos años. La frase, que algunos han atribuido a Carlos Solchaga, se ha convertido en latiguillo y se ha vuelto sistemáticamente contra el Gobierno. El supuesto autor prefiere olvidar esas nueve palabras. Pero el caso es que, se hayan dicho o no, numerosos analistas han considerado que el periodo gubernamental del PSOE ha carecido de una política industrial definida.Desde 1983, tras la llegada del partido socialista al Gobierno, la política industrial ha estado determinada por dos aspectos básicos. Primero, por una reconversión, tan costosa como inevitable, y, a partir de 1986, coincidiendo con una etapa de expansión económica, por la incorporación a la CE.

A caballo de estos dos factores cronológicos, otros aspectos que caracterizan a la industria española van a determinar las actuaciones en el futuro: reducido peso tecnológico en las empresas; carácter poco diferenciado de los productos; baja productividad del trabajo en las actividades más tradicionales, las cuales absorben una parte muy importante de la industria; escaso apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYME) y ausencia de grandes ayudas para fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación, la creación de redes comerciales y de marcas para competir... Estas carencias conducen a evidentes desventajas competitivas y son elementos suficientes para afirmar que, realmente y por lo menos a partir de ahora, sí es necesaria una política industrial.

A Pedro, sin embargo, que no le hablen de "directrices políticas ni de estadísticas". En 1984, este hombre, emigrado con su familia de un pueblo de Ciudad Real a Bilbao, llevaba 12 años trabajando en los astilleros de Euskalduna. Era uno de los casi 2.000 obreros de esta empresa pública que se quedaron sin puesto de trabajo tras decidirse su cierre. Pedro no olvidará nunca el otoño de 1984. "De repente, un día, me vi haciendo barricadas en medio de la Gran Vía [de Bilbao], con un pañuelo tapándome la cara y enfrentándome a la policía en medio de una gran humareda", recuerda mientras pinta de blanco una pared de una casa de Madrid.

El ex obrero de Euskalduna no tuvo más remedio que arrojar la toalla y olvidar las barricadas y los barcos. Cogió la indemnización y dejó Bilbao para instalarse en Madrid, donde con un amigo que también se había quedado en paro constituyó una pequeña empresa de pintura. "Muchos montaron bares allí; pero a mí me iba más emprender algo aunque sabía que tenía que irme. Pedimos un crédito y hemos ido tirando. Ahora tenemos seis empleados, pero nosotros también tiramos de brocha. Hemos querido ampliar, pero nos hemos encontrado con muy pocos apoyos: los créditos valen un 18%, no te dan ayudas, en fin... ; ahora, la crisis nos ahoga, se nota. De verdad, tienen que hacer algo o el 20% de parados se quedará pequeño en poco tiempo".

En Pedro se juntan dos ejemplos: el de un obrero que se quedó en paro por la reconversión industrial y el de un pequeño empresario. Salvando las distancias con otros pequeños empresarios más implantados y con posibilidades, incluso, de exportar, sus desdichas son las de la mayoría.

Que se lo digan, si no, a Juan L., que dejó su empleo en Huelva -en una empresa de Ercros "antes de que esos señores de KIO dejasen que estallara la crisis y ahora se tengan que ir casi todos"- acogiéndose a una baja incentivada y que ahora se dedica a cultivar y vender fresones. Juan L. se vio, de la noche a la mañana, rodeado de un éxito que nunca había imaginado. Reparte sus ventas entre la exportación y España, y ha sufrido más de una vez las iras de los agricultores franceses en la frontera; pero lo que le preocupa es que "ni la Junta [de Andalucía] ni Madrid tengan claro lo que las pequeñas empresas", como la suya, "representan para el país y que no encuentren amparo para canalizar las exportaciones".

"No es que a los sucesivos ministros de Industria les haya faltado sensibilidad para observar los verdaderos problemas de la industria española, lo que pasa es que no han sabido encontrar las recetas para solventarlos", han coincidido en decir miembros del Club de Empresarios (de talante progresista), quienes, como la mayor parte de expertos consultados, subrayan que la asignatura pendiente es el apoyo a las PYME. Y es que, con datos de final de 1991, las empresas consideradas micro -de uno a nueve empleados- dan empleo al 24,9% de la población ocupada, frente al 11,1% de la CE, y las de menos de 500 empleados suponen el 89,3% frente al 57,1% de la CE.

De hecho, el Libro Blanco sobre industria elaborado durante el mandato ministerial de Luis Carlos Croissier en 1987, trató de dar el primer paso para resolver esas lagunas. Su sucesor, Claudio Aranzadi, ha intentado impulsar el sector, con resultados poco brillantes hasta ahora, mediante la instauración de la Ley de Industria, sobre la que ha establecido diversas acciones de carácter horizontal, dirigidas a la internacionalización, el diseño, la calidad, y, en definitiva, a mejorar las PYME. El esfuerzo por ayudar a. esas empresas se refleja en los 100.000 millones en créditos que dará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a bajo interés.

Las actuaciones con hechos concretos se han producido en la órbita de las grandes empresas, como la ley eléctrica -pendiente de aprobación por el Parlamento- o la ley de ordenación del sector petrolero que ha supuesto la desmonopolización del sector.

Todo ha estado significativamente influido por la reconversión industrial, que trató de ofrecer una respuesta firme y contundente a la crisis de la industria. Los sectores que entraron en reconversión -principalmente, la siderurgia, el naval y la minería del carbón, además de algunas empresas- como Standard Eléctrica-ITT y Explosivos Río Tinto (ERT)- recibieron, entre 1982 y 1986, más de un billón de pesetas, lo que supone un 42% del total de ayudas públicas. Ese porcentaje se eleva al 63% si se añaden las ayudas otorgadas a otras empresas. El otro eje de atención, el fomento de la exportación, recibió un 32% mediante desgravación fiscal, mientras que el desarrollo tecnológico y regional únicamente logró un 5%.

A pesar de los esfuerzos, los planteamientos de la reconversión se hicieron con un carácter sumamente defensivo, quedando marginadas las ayudas para fomentar el desarrollo tecnológico y regional que habrían permitido una buena reindustrialización. Para más inri, los sectores más afectados que vivieron episodios dramáticos (Sagunto, Sestao, Ferrol... ), siguen en proceso de ajuste. El naval necesita nuevos recortes; la siderurgia se enfrenta a la fusión de Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y Ensidesa, que debiera haberse hecho hace años, y el carbón, cuya crisis provocó una huelga general en Asturias, acarrea al Estado unas pérdidas anuales de más de 65.000 millones.

Se atribuye al déficit de las administraciones públicas, por otra parte, la poca atención que se ha prestado a la incorporación de tecnología. No obstante, también hay que subrayar "la pasividad de sindicatos y de la patronal CEOE a la hora de aportar alternativas o planes concretos", según una fuente del Ministerio de Industria, que recuerda que ya sindicatos, empresarios y Administración se han sentado a discutir planes concretos para más de 40 sectores.

Los intentos de la Administración por modernizar el tejido industrial propiciaron la entrada masiva de capital extranjero y la adquisición de tecnología en el exterior. El capital extranjero ha pasado del 12,1% al 28,8% entre 1981 y 1990, y es mucho mayor en los sectores de alta tecnología (ordenadores y electrónica), donde el capital extranjero supera el 50% y en los de tecnología media, con un 18%. En los de tecnología baja, sólo copa un 11%.

El apoyo a la entrada de capital extranjero, que ahora también buscan denodadamente muchas comunidades autónomas, ha impedido la creación de grupos autóctonos de importancia y no ha contribuido a evitar el deterioro competitivo.

La caída de la productividad ha tendido a encarecer los costes relativos y a reducir la competitividad. Para mantenerla habría sido necesario disminuir el crecimiento de los salarios. Pero, éstos han crecido del 67% al 73,6% entre 1988 y 1992 respecto a la CE, por lo que los productos españoles se encarecieron.