Inestabilidad rusa

LA REUNIÓN convocada por Borís Yeltsin para el 5 de junio puede ser más decisiva que el propio referéndum del pasado 25 de abril para impulsar el cambio político que Rusia necesita. Es cierto que en esa consulta el presidente Yeltsin obtuvo una victoria rotunda y en cierto modo inesperada. Una gran mayoría le manifestó su confianza, y una mayoría más modesta apoyó su política económica y social. Al mismo tiempo, si la demanda de nuevas elecciones obtuvo un amplio respaldo de los votantes, no se alcanzó la mayoría absoluta del censo, condición impuesta por el Tribunal Constitucional para que la decisión conllevase la convocatoria automática de las elecciones.Por tanto, a pesar del referéndum, el viejo Congreso, con su presidente, Jasbulátov, sigue representando un obstáculo constante a la reforma económica y a la estabilidad política del país. A la campaña contra Yeltsin se ha incorporado el vicepresidente Rutskói, y esta pugna sin solución entre ejecutivo y legislativo es un factor peligroso para el sistema político. Al destituir a Skókov, un conservador, como secretario del Consejo de Seguridad, Yeltsin ha despejado el camino de la reunión del 5 de junio, ya que dicho organismo es fundamental para la relación del Kremlin con las repúblicas y regiones de la Federación Rusa.

La novedad de la reunión consiste en dar a las repúblicas y a las regiones un papel fundamental en la elaboración de la nueva Constitución rusa: el 5 de junio se reunirán dos delegados por cada una de las 88 repúblicas y regiones que constituyen la federación. Su misión será estudiar la nueva Constitución, de sesgo presidencialista, preparada por un equipo de colaboradores de Yeltsin. Este proyecto constitucional aumenta a la vez los poderes de las repúblicas y regiones, lo cual debería facilitar su acogida favorable. Después de ser aprobada con las correcciones que esta reunión introduzca, la Constitución podría ser sometida a un nuevo referéndum (es la tesis del sector radical de los amigos de Yeltsin) y entrar así en vigor con el respaldo directo del pueblo.

Esta fórmula tendría una ventaja fundamental: en un momento en que crecen las tendencias centrífugas en varias repúblicas -sobre todo del Cáucaso- y en numerosas regiones, daría a éstas la posibilidad de negociar las soluciones susceptibles de evitar una dislocación de la Federación Rusa. Sin duda, ello será muy costoso para Rusia, porque la tendencia de cada región a administrar sus propias riquezas es muy fuerte. Probablemente no exista en la actualidad otra alternativa, sin violencia, para conservar la federación.

Por otra parte, buscar el apoyo de las regiones es una forma hábil de presionar al Congreso, que, según la legalidad, debería aprobar la nueva Constitución. Una vez que el texto haya recibido el respaldo del pueblo, se convocarían elecciones a un nuevo Parlamento y el antiguo quedaría disuelto. Hay fuertes argumentos políticos a favor de este camino: se apoyaría en dos referendos, el del 25 de abril y el que deberá ser convocado para aprobar la Constitución. Sin embargo, esa vía se sale de la legalidad vigente, y ello, por obsoleto que sea el ordenamiento jurídico, podría potenciar los riesgos. Hasta ahora, Yeltsin ha evitado salirse de lo establecido. Por otra parte, ciertos cambios en el seno del Congreso -como la actitud del vicepresidente Nikolái Riabov a favor de Yeltsin- permiten imaginar otra hipótesis, por imposible que hoy parezca: la de que el Congreso acepte refrendar la Constitución preparada por Yeltsin.

En todo caso, la situación de Rusia (con una inflación galopante, una terrible caída de la producción y la reforma económica bloqueada por la pugna entre el legislativo y el ejecutivo) es improrrogable. Si no se celebran en breve elecciones a una nueva Cámara, los efectos de la victoria de Yeltsin en el referéndum del 25 de abril irán perdiendo eficacia y la lucha en la cumbre del Estado aumentará las tendencias disgregadoras en numerosas repúblicas y regiones.